No se puede olvidar que cuando barajamos la posibilidad de eliminar puestos de trabajo estamos tocando siempre zonas muy sensibles de la existencia de las personas afectadas, susceptibles de devenir en graves heridas personales y dramas familiares y sociales porque afectan directamente a dos aspectos de la vida de la máxima importancia:

 

— El  sustento personal y familiar.

 

 

 

Bien es verdad que a veces se presentan situaciones críticas en la vida que pueden amenazar más o menos gravemente las condiciones de supervivencia y ponen a prueba con dureza la capacidad de las gentes para soportar privaciones y sacrificios y para seguir luchando en las más difíciles circunstancias para superar la adversidad. Todo ello es natural, forma parte de las condiciones normales de la existencia humana y por eso debemos contar con previsiones individuales y sociales para afrontarlo si llega el caso.

 

Pero cuando las crisis y los dramas consiguientes se abaten sobre las personas como consecuencia de decisiones tomadas deliberadamente por alguien con el necesario poder y autoridad, entonces estos agentes que tanto sufrimiento pueden producir sin haberlo deseado están obligados a actuar con la máxima responsabilidad, justicia y delicadeza, a fin convencer a todos de que su actuación ha sido absolutamente inevitable. De lo contrario, además del daño personal, se pueden ir engendrando en el cuerpo social unos abscesos de resentimiento y odio que pueden poner en peligro en poco tiempo las bases mínimas para la convivencia en paz.

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y ante la declarada determinación del actual gobierno municipal de eliminar drásticamente decenas de puestos de trabajo de la plantilla del ayuntamiento, como ciudadano preocupado por la vida pública me siento en el deber de expresar mi modesta opinión por si pudiera ser de alguna utilidad: creo que dicho gobierno debería proceder con más parsimonia en este asunto, evitando toda precipitación, y hacer preceder las decisiones que finalmente crea no tener más remedio que tomar de dos exhaustivos estudios y posteriores explicaciones al pueblo que habrían de dejar absolutamente claros al menos estos dos extremos:

 

         1º) La realidad matemática y socialmente ponderada de la situación económica del municipio, relacionando la capacidad financiera presente y las razonables previsiones de futuro con las consideraciones sobre los servicios y labores municipales que se debe intentar por todos los medios que no desaparezcan por ser de gran necesidad para el buen funcionamiento y el bienestar de nuestro pueblo.

 

          2º) Una vez realizado dicho estudio, y suponiendo que del mismo se desprenda la absoluta necesidad de reducir en un porcentaje numéricamente determinado la plantilla de trabajadores municipales para así garantizar el buen funcionamiento de la totalidad, habría que realizar y presentar también con la máxima claridad el análisis concreto y detallado de los puestos de trabajo que se habrían de suprimir, explicando de cada uno de ellos por qué se ha considerado prescindible, cómo se piensa absorber por otros puestos el déficit de servicios que se genere con cada supresión, etc, etc. 

 

Sé que hacer esto así es difícil. Pero es mucho lo que está en juego. Sólo actuando de una forma semejante se estaría haciendo todo lo humanamente exigible para evitar posibles injusticias y el afloramiento y extensión de sentimientos muy negativos como la frustración, la marginación e incluso las sospechas de discriminación por motivos políticos. Esto sería muy lamentable. Y si bien es verdad que los anteriores gobiernos municipales del PSOE no han hecho muchas veces las cosas precisamente con la justicia y transparencia que se está postulando aquí (sino más bien todo lo contrario), de ninguna manera se podría aceptar ahora nada que se pudiera parecer en lo más mínimo a una vuelta de la tortilla o a una actuación que se dejara llevar por el deseo de revancha política o algo de naturaleza similar. La mayoría de los valverdeños ha creído que era necesario un cambio y así se ha efectuado por procedimientos democráticos. Ahora todos tenemos derecho a esperar (y obligación de colaborar, cada uno en su lugar) que las cosas vayan efectivamente a mejor y no degeneren ni se enmalen en ninguno de sus aspectos.

 

Rafael Parreño Boza.

21 de agosto de 2011