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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que convoque con urgencia la Comisión Mixta para cerrar el texto de un protocolo que agilice el envío de apoyos a los tribunales, una medida considerada clave para evitar retrasos en situaciones excepcionales como la vivida en Ceuta. La petición fue registrada tras la evaluación de la situación de los órganos judiciales en la ciudad autónoma y busca acelerar la adopción de medidas ya previstas en un acuerdo previo.
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El CGPJ solicita la convocatoria de la Comisión Mixta con el objetivo de ultimar la redacción del protocolo de medidas de refuerzo, firmado inicialmente en 2019, cuya ratificación permitiría desplegar recursos con mayor rapidez cuando se produzcan incidentes que exijan una respuesta judicial inmediata.
La Comisión Permanente del CGPJ examinó el caso en una reunión extraordinaria y destacó la necesidad de contar con mecanismos procedimentales que eviten demoras en la aplicación de esos refuerzos.
Medidas concretas aprobadas para Ceuta
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha puesto en marcha varias fórmulas para sustentar la actividad judicial en Ceuta mientras se organiza el refuerzo definitivo.
- Implantación de un calendario de doble guardia de jueces, para aumentar la cobertura de atención fuera del horario ordinario.
- Oferta de plazas mediante comisión de servicio para reforzar secciones clave: instrucción, guardia y violencia sobre la mujer.
- Movilización temporal de efectivos desde órganos cercanos para reducir la acumulación de asuntos urgentes.
Según el CGPJ, la convocatoria de comisiones de servicio para cubrir las plazas 1 a 6 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta ha recibido ya cuatro solicitudes formales.
Intervención y comunicación con el Gobierno
La intensificación de los apoyos se produjo después de una carta remitida por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, al secretario general del CGPJ, Miguel Hernández, en la que el Ejecutivo instaba a tramitar con celeridad la petición de refuerzos para la ciudad autónoma. La Comisión Permanente registró esa comunicación y la incluyó en su análisis.
La activación del protocolo, si se ratifica definitivamente, tendría efectos prácticos inmediatos: mayor capacidad de respuesta en guardias, reducción del retardo procesal en asuntos urgentes y, en teoría, una protección más eficaz para víctimas de violencia y otras situaciones sensibles.
El siguiente paso formal depende de la convocatoria de la Comisión Mixta. Si Ministerio y CGPJ logran cerrar y ratificar el protocolo, las medidas podrán desplegarse con menos trámites y en plazos más cortos que los habituales.
