El Gobierno español confirmó este miércoles que las exportaciones de material de doble uso dirigidas a Irán en 2024 —entre las que figuran detonadores y explosivos— no habrían sido empleadas en la represión de manifestantes, según la Secretaría de Estado de Comercio. La cuestión llega en plena tensión política tras las protestas masivas de diciembre de 2025 en Irán y las dudas que suscitan los controles sobre ventas sensibles a destinos considerados de riesgo.
Según el informe anual sobre comercio exterior de material de defensa y productos de doble uso correspondiente a 2024, España autorizó suministros a Irán por un importe total de 1.331.289 euros. Entre los bienes registrados aparecen detonadores, explosivos clasificados como tipos A, B y E, reactivos de laboratorio y software de control. El documento también recoge la denegación de tres licencias para equipos como empaquetadoras de válvulas, juegos de juntas, válvulas de bola y grabadores térmicos.
En el primer semestre de 2025 el informe contabiliza otras exportaciones a Irán valoradas en unos 200.000 euros, sin detallar el tipo de material suministrado; en ese periodo no constan autorizaciones denegadas, según la documentación.
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Control administrativo y criterios de denegación
La responsabilidad de autorizar o denegar estas ventas recae en la JIMDDU —la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso—, que evalúa cada expediente teniendo en cuenta la normativa internacional, embargos y medidas restrictivas, así como el riesgo de que los bienes puedan contribuir a la violencia o a acciones que vulneren derechos humanos.
La secretaria de Estado, Amparo López Senovilla, defendió en la Comisión de Defensa que los casos se analizan “caso por caso” y que las autorizaciones concedidas en 2024 cumplieron con las exigencias legales y con las comprobaciones cruzadas que realiza la JIMDDU junto a bases de datos europeas. Subrayó, además, que determinados destinos requieren una inspección más exhaustiva del uso final y del solicitante.
| Año / periodo | Concepto | Importe | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 2024 | Detonadores, explosivos A/B/E, reactivos, software | 1.331.289 € | Se registraron también tres denegaciones de licencias |
| 1er semestre 2025 | Material no especificado | ~200.000 € | No constaron denegaciones en ese periodo |
| 2019–2025 (mención parlamentaria) | Exportaciones totales a Irán (según PP) | ~6.000.000 € | Cifra aportada por diputado del PP durante el debate |
En el debate parlamentario el diputado del PP Ricardo Tarno cuestionó si el Ejecutivo puede garantizar que los equipos autorizados desde 2019 no se usaron para reprimir a ciudadanos iraníes o en conflictos en terceros países. López Senovilla respondió que las exportaciones se aprueban dentro del marco normativo y con controles diseñados para asegurar un «uso civil» de los bienes.
- Transparencia y seguimiento: la existencia de informes públicos facilita la fiscalización, pero las cifras agregadas no siempre permiten trazar el uso final del material.
- Riesgos reputacionales: permisos a destinos sensibles aumentan la presión política y mediática sobre el Ejecutivo.
- Relación con derechos humanos: las exportaciones se revisan cuando hay indicios de que componentes pueden emplearse en represión.
- Cooperación europea: la JIMDDU compara solicitudes con bases de denegación de otros Estados miembro para evitar eludir controles.
Los hechos han cobrado mayor relevancia después de la oleada de protestas en Irán a finales de diciembre de 2025, que, según cifras oficiales del propio país, se saldaron con más de 3.000 manifestantes muertos. Ese contexto explica por qué partidos en el Congreso y organizaciones vigilantes exigen explicaciones detalladas sobre cada autorización y sobre los mecanismos de control posteriores a la entrega.
El Gobierno defiende la solidez del marco legal y la exhaustividad de los controles administrativos, pero el asunto sigue siendo objeto de escrutinio parlamentario y público. La tensión entre intereses comerciales, seguridad nacional y derechos humanos marcará probablemente las discusiones venideras sobre la política de exportación de material de doble uso.
