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El Consejo de Estado ha dado luz verde al trámite urgente del cambio del Reglamento de Extranjería que activará una regularización para cerca de medio millón de residentes en España, aunque pide matices concretos para aclarar garantías y criterios. La decisión marca un paso clave en el calendario del Gobierno y afectará de forma directa a solicitantes, administraciones y empresas en las próximas semanas.
Qué aprobó y por qué importa ahora
La comisión permanente del órgano consultivo avaló el dictamen este jueves y lo remitió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que se incorpore al texto final. El real decreto llegó al Consejo de Estado tras la orden del Consejo de Ministros, que el pasado 27 de enero impulsó el trámite de urgencia tras el acuerdo entre PSOE y Podemos.
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El informe subraya que la tramitación por la vía reglamentaria es compatible con el marco constitucional y que, en términos generales, las garantías previstas en la norma se han respetado. Aun así, el Consejo plantea cambios y el Ejecutivo asegura que trabaja para integrar esas recomendaciones cuanto antes.
Puntos clave que el Consejo recomienda aclarar
- Incompatibilidad entre permisos: no es posible mantener al mismo tiempo un permiso derivado de la protección internacional y otro obtenido por el proceso de regularización.
- Estado de la protección internacional: esa protección seguirá vigente hasta que la resolución sobre la residencia y trabajo sea definitiva y positiva y el interesado solicite la TIE.
- Definición de vulnerabilidad: se propone concretar que afecte a personas que hayan entrado en España antes del 1 de enero de 2026 y que lleven al menos cinco meses en situación irregular en el momento de solicitar el trámite.
- Requisitos de conducta: el Gobierno recuerda que la ausencia de antecedentes penales es obligatoria y que no se puede representar un riesgo para el orden público, la seguridad o la salud pública.
- Se mantiene un tratamiento diferenciado para desplazados por la guerra de Ucrania, que cuentan con un cauce específico y no necesitan acogerse a esta vía.
- Atención especial a los menores y a familiares estrechos que podrán acogerse al proceso.
Calendario y trámite pendiente
Con el dictamen favorable, el real decreto aún debe ser aprobado en Consejo de Ministros y, después, publicado en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor. Fuentes del Consejo de Estado precisan que su informe ya fue entregado al Ministerio, pero no se hará público en el BOE hasta que concluyan los pasos administrativos correspondientes.
Origen político y alcance social
La iniciativa retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió más de 700.000 firmas y fue tomada en consideración en el Congreso en 2024 por la mayoría de grupos —con la excepción de Vox— aunque posteriormente quedó bloqueada. Ahora, la vía reglamentaria busca desbloquear parte de ese contenido sin pasar por un nuevo trámite parlamentario.
En la práctica, la medida pretende reducir la irregularidad administrativa y ofrecer mayor seguridad jurídica e integración social a cientos de miles de personas. Para las administraciones locales y las empresas, la regularización supondría cambios en la gestión de permisos y en la contratación.
Qué hay que vigilar
Lo crucial en los próximos días será comprobar:
- si el Ejecutivo incorpora las recomendaciones del Consejo de Estado al texto final;
- la fecha que fije el Consejo de Ministros para aprobar el real decreto;
- los criterios exactos sobre vulnerabilidad y las condiciones de acceso, que determinarán cuántas personas resultan beneficiarias.
En síntesis, el dictamen abre la puerta al inicio del proceso, pero varias precisiones técnicas y el calendario de aprobación definirán su alcance real. La atención pública y administrativa se concentra ahora en la versión definitiva del real decreto y en su publicación en el BOE.
