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El chófer del expresidente valenciano Carlos Mazón, Ernesto Serra Morant, optó el 27 de abril por no responder a las preguntas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de 2024, aludiendo a que ya prestó declaración ante la jueza que instruye la causa. Su silencio deja sin aclarar horarios y decisiones clave en una investigación que las familias de las víctimas y varios grupos parlamentarios reclaman que avance con rapidez.
Serra argumentó ante los diputados que su comparecencia en sede judicial cubre su deber de declarar y, por tanto, se remitió a esas manifestaciones anteriores para no contestar más preguntas.
Lo que dijo —y lo que no
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El testimonio del conductor fue escueto y en algunos puntos contradictorio: negó haber recibido presiones de la Generalitat para guardar silencio, pero ofreció versiones distintas sobre si escuchaban la radio durante los desplazamientos de ese día, lo que complica la reconstrucción de la cronología.
Algunos parlamentarios intentaron recabar detalles concretos —horarios, paradas, interlocutores— que podrían situar decisiones políticas y operativas en la secuencia del desastre. Serra evitó aportar esa información, insistiendo en su referencia a la instrucción judicial.
Reacciones en el hemiciclo
La negativa del compareciente generó reproches desde varios escaños y aplausos en otros. Diputados de formaciones que representan a las víctimas criticaron la actitud, mientras que voces del PP y de Vox defendieron su derecho a no declarar en sede parlamentaria.
| Grupo parlamentario | Posición sobre el silencio | Mensaje clave |
|---|---|---|
| Compromís / Sumar | Crítico | Exigieron respuestas por respeto a las familias; pidieron más datos sobre horarios. |
| Podemos | Crítico | Consideraron que la falta de colaboración dificulta esclarecer responsabilidades políticas. |
| PP | Comprensivo | Defendió el derecho del testigo a remitirse a lo declarado ante el juzgado. |
| Vox | Apoyo | Elogió la decisión de no responder en comisión, calificándola de prudente. |
Por qué importa ahora
La comisión parlamentaria pretende fijar responsabilidades políticas y mejorar la respuesta ante catástrofes. La negativa de una persona que formó parte del dispositivo complicará la búsqueda de una cronología precisa y de responsabilidades administrativas o políticas. Además, abre un conflicto sobre los límites entre la investigación judicial y la parlamentaria: ¿puede un testigo invocar su declaración ante el juez para evitar responder en el Congreso?
- Transparencia: Sin detalles operativos resulta más difícil evaluar decisiones de emergencia.
- Justicia: Las familias exigen aclaraciones que complementen la instrucción penal.
- Política: El episodio alimenta la confrontación entre grupos y condiciona la agenda legislativa sobre gestión de catástrofes.
La comisión puede solicitar copia de las diligencias judiciales o citar a otros testigos con acceso a la agenda del día. Quedan pendientes decisiones procesales y parlamentarias que determinarán si la investigación consigue reconstruir con detalle lo ocurrido y evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.
En los próximos pasos, los diputados deberán valorar si recurren a mecanismos para forzar la comparecencia o si concentran sus esfuerzos en documentación y otras declaraciones que completen la versión oficial. Mientras tanto, la demanda de las víctimas por mayor claridad mantiene la presión pública sobre la investigación.
