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Junts reclama que el Ejecutivo entregue a Cataluña el control sobre la recaudación y exige mover a Pedro Sánchez de las negociaciones para garantizar el cumplimiento de los acuerdos fiscales. La formación advierte a ERC y al PSC que no apoyen la fórmula del Gobierno y planta su propuesta de aplicar un modelo similar al del País Vasco.
En una intervención pública esta mañana la portavoz de Junts en el Congreso reclamó cambios inmediatos en la negociación sobre la financiación autonómica y cuestionó la voluntad del Gobierno para ajustar el reparto de recursos. Su argumentación mezcla reproches por la ejecución presupuestaria y un llamamiento a que los partidos catalanes no respalden lo que consideran una propuesta insuficiente.
Exigen un interlocutor con capacidad de pago
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La dirigente reclamó que, si el presidente del Gobierno no está dispuesto a materializar los compromisos con Cataluña, se sustituya al interlocutor para que «pague lo que corresponde», en palabras de su entorno. Añadió que la Generalitat debería mantener una presencia constante en Madrid hasta que se concreten los desembolsos pendientes.
Su posición incluye una crítica explícita a la ejecución de los presupuestos: según la portavoz, no tiene sentido aprobar nuevas cuentas cuando las partidas anteriores no se han aplicado en su totalidad.
La clave fiscal que propone Junts
Junts plantea que Cataluña cuente con la llave de la caja: es decir, capacidad para recaudar, gestionar y decidir sobre impuestos en el territorio, un planteamiento que asimilan al sistema que, a su entender, rige en el País Vasco.
- Control fiscal: transferencia de competencias tributarias y gestión de la recaudación.
- Revisión del reparto: ajustar distribución para que la aportación y el retorno sean coherentes.
- Condición política: retirar apoyo a la propuesta estatal si no se aceptan sus demandas.
La formación insiste en que, bajo el modelo actual, Cataluña «paga más y recibe menos», y propone sustituir el marco de financiación por uno que permita autonomía fiscal real, como el que demandan en privado desde hace años.
Críticas a la propuesta del Gobierno y datos de inversión
En relación con la senda de déficit y el techo de gasto, la portavoz afirmó que la propuesta oficial no incorpora cambios relevantes respecto a ofertas anteriores y la calificó de insuficiente para corregir los desequilibrios territoriales.
Según sus declaraciones, las cifras de inversión por habitante muestran un reparto desigual: citó 162 euros por habitante en Cataluña frente a 452 en Madrid, 590 en Murcia y 481 en Aragón, y sostuvo que incluso Melilla recibe más recursos que Cataluña en términos per cápita.
Sobre el apoyo parlamentario
Preguntada por la posibilidad de sumarse a una moción de censura, la portavoz descartó que Junts impulsara o sostuviera una iniciativa de ese tipo, aludiendo a la incapacidad organizativa del partido mayoritario que tendría que liderarla.
Al mismo tiempo, reclamó a los diputados del PSC y de ERC que no avalen un modelo de financiación que, a su juicio, carece de ambición y deja sin resolver la insuficiencia de recursos para la comunidad catalana.
Amnistía, Puigdemont y normalización política
La portavoz aseguró que la aplicación de la amnistía se está demorando y atribuyó esa ralentización a intereses políticos que impiden el regreso del expresident Carles Puigdemont. Recordó que, a su juicio, la «normalización» no se completa mientras líderes en el exilio no puedan reincorporarse a la vida política en Cataluña.
La irrupción de Alianza Catalana y el mensaje de la dirección de Junts
Sobre el ascenso en las encuestas de fuerzas que tienden al extremo, la dirigente pidió responsabilidad a quienes, según ella, alimentan esas tendencias. Advirtió que los extremos no aportan soluciones y que su partido ofrece alternativas que, en su opinión, quedan bloqueadas tanto por la izquierda como por la derecha españolas.
Respecto a sondeos recientes que sitúan a Junts por debajo de sus resultados anteriores, recordó que las encuestas no equivalen al resultado electoral y subrayó el peso de sus diputados en el Congreso como factor determinante en negociaciones futuras.
