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El Ejecutivo comunicó este viernes que no piensa enviar a sus ministros al Senado para responder por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, y propone concentrar las comparecencias en el Congreso a finales de agosto. La decisión anticipa un choque institucional entre cámaras y condiciona la agenda parlamentaria en plena polémica sobre el control de fronteras.
El anuncio llega después de que el grupo mayoritario en la Cámara Alta programara para la próxima semana y la siguiente audiencias de los responsables de Interior, Defensa y Exteriores. Fuentes del Gobierno señalan que esos mismos ministros han pedido comparecer por iniciativa propia en la Cámara Baja y han sugerido fechas para la última semana de agosto.
Convocatorias en conflicto
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El Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado, había fijado audiencias en las comisiones correspondientes para:

- Fernando Grande‑Marlaska — Ministerio del Interior (convocado la semana próxima).
- Margarita Robles — Ministerio de Defensa (convocada la semana próxima).
- José Manuel Albares — Ministerio de Asuntos Exteriores (programado la semana siguiente).
- Félix Bolaños — Presidencia y Justicia (requerido ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional).
Desde Moncloa aclaran que, aunque el Senado pueda citar a ministros, la intención del Gobierno es atender esas demandas a través del Congreso, el foro que ellos mismos han solicitado para informar sobre la crisis migratoria.
Qué persigue el PP
Además de las convocatorias ministeriales, los populares intentan que la Diputación Permanente del Congreso —el único órgano activo fuera de las sesiones ordinarias— inste a la celebración de un pleno extraordinario donde comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este momento, el Ejecutivo no contempla que el jefe del Ejecutivo pase por ese pleno.
El grupo también reclama la presencia del director del Gabinete de Presidencia, Diego Rubio, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para explicar el cese de una funcionaria que había publicado en la web del departamento datos sobre la entrada irregular de miles de personas en Ceuta.
Consecuencias políticas y parlamentarias
La apuesta del Gobierno por centralizar las comparecencias en el Congreso busca un doble objetivo: controlar el calendario y mantener la narración política en una Cámara donde su grupo puede manejar mejor los tiempos. Para la oposición, sin embargo, la negativa a acudir al Senado puede interpretarse como una falta de transparencia.
Este episodio no es aislado: en la presente legislatura ya ha habido precedentes en los que ejecutivos no han atendido citaciones de la Cámara Alta. La dinámica actual puede marcar la forma en que se articulen mecanismos de control en periodos no ordinarios y reaviva el debate sobre la competencia entre ambas cámaras.
- Plazo propuesto por el Gobierno: comparecencias en el Congreso la última semana de agosto.
- Fechas señaladas por el Senado: audiencias escalonadas entre la próxima semana y la siguiente.
- Posible siguiente paso: solicitud del PP para que la Diputación Permanente convoque un pleno con la comparecencia de Sánchez.
En las próximas jornadas quedará más claro si la tensión entre Senado y Congreso se resuelve en acuerdos de calendario o si, por el contrario, la disputa institucional se traslada al ámbito judicial o a la calle, con repercusiones en la percepción pública de la responsabilidad gubernamental sobre la crisis en Ceuta.












