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En el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha cuestionado con dureza un listado de periodistas y tertulianos elaborado por el Ministerio del Interior y ha planteado dudas sobre el origen y utilidad de ese documento, en un contexto en el que las asociaciones de prensa ya habían mostrado su rechazo. La polémica gana relevancia porque abre interrogantes sobre el uso de datos y el gasto público en documentos que, según el Ejecutivo, eran solo de carácter interno.
Rufián, al ser abordado en los pasillos del hemiciclo, calificó el inventario como una labor poco elaborada y señaló que, en su opinión, el servicio de inteligencia podría disponer de un registro más completo. También puso en tela de juicio la decisión de encargar ese trabajo en vez de recurrir a búsquedas públicas sencillas, y advirtió que, si se utilizó dinero público, sería una muestra más de mala gestión.
El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska reconoció la existencia de la lista, pidió disculpas tras las críticas de distintas asociaciones de periodistas y defendió que se trataba de un documento para uso interno sin fines “espurios”.
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Qué se sabe y qué queda por aclarar
Los elementos confirmados y las cuestiones pendientes que destacan en este episodio son:

- Origen del documento: El Ministerio admitió haber elaborado el listado, pero no ha detallado el procedimiento ni quiénes participaron en su confección.
- Finalidad: El Ejecutivo lo presenta como un material de uso interno; los críticos piden explicaciones sobre el alcance y criterios empleados.
- Reacción del sector: Varias asociaciones profesionales expresaron rechazo y exigieron más transparencia.
- Posible implicación del CNI: Algunos parlamentarios, entre ellos Rufián, han insinuado que el CNI podría disponer de información más amplia, lo que añade otra dimensión al debate sobre control y supervisión.
- Uso de fondos públicos: La sospecha de gasto innecesario ha alimentado la crítica política y mediática.
Implicaciones
El episodio plantea tres cuestiones relevantes para el público: la protección de la libertad de prensa, la transparencia en el manejo de datos sobre profesionales de la comunicación y la rendición de cuentas en el empleo de recursos públicos. Si no se aclaran los criterios y responsables del listado, puede aumentar la desconfianza entre periodistas y ciudadanos.
En el plano político, la controversia puede derivar en peticiones de comparecencias en comisiones parlamentarias o en nuevas exigencias de auditoría interna, según señalan fuentes parlamentarias consultadas en pasillos. A nivel mediático, mantiene la atención sobre cómo los poderes públicos registran y clasifican a quienes informan.
Las próximas semanas serán claves: el Gobierno deberá detallar el proceso detrás del documento y responder a las demandas de aclaración para cerrar la cuestión o, en su defecto, para que la oposición y las asociaciones periodísticas emprendan vías de control y posible supervisión.












