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Con el otoño sobre la mesa y la posibilidad de episodios extremos en aumento, Greenpeace ha presentado alegaciones al proyecto del Gobierno para reformar la gestión del riesgo de inundación. La organización advierte que las propuestas actuales no corrigen a tiempo las debilidades que dejaron expuestas las riadas recientes y exige medidas vinculantes antes de que vuelvan a ponerse en riesgo comunidades enteras.
La ONG reclama cambios inmediatos en la normativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y denuncia que la autocrítica oficial sobre el crecimiento urbanístico en zonas de riesgo no ha ido acompañada de decisiones contundentes.
Zonas de riesgo y por qué importa ahora
Tras la devastadora DANA de Valencia en octubre de 2024 y sucesos graves en 2019 y 2023, Greenpeace alerta de que la temporada de lluvias presenta un riesgo real para zonas habitadas que siguen catalogadas como urbanizables. Para la ONG, la proximidad de los meses húmedos hace que el debate sea urgente: no se trata solo de política ambiental, sino de seguridad ciudadana.
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En su alegación, la organización critica que la normativa vigente (de 2015) no ha frenado la expansión de la edificación en áreas inundables y que las herramientas de cálculo que se aplican hoy —basadas en periodos de retorno estáticos de 100 o 500 años— ya no reflejan la nueva realidad climática.
Qué pide Greenpeace
- Prohibición total de nuevas licencias en suelos identificados como inundables, para detener la proliferación de construcciones en riesgo.
- Eliminación del plazo de adaptación de cinco años para que los ayuntamientos modifiquen sus planes; la ONG considera que ese periodo facilita trámites exprés y nuevos desarrollos.
- Sustitución de infraestructuras rígidas por soluciones naturales, recuperando meandros, llanuras de inundación y humedales como barreras vivas frente al agua.
- Planes de reubicación y retirada gestionada para poblaciones y servicios críticos que hoy están en las áreas de mayor peligro.
- Incorporación obligatoria de escenarios IPCC más exigentes en la cartografía de riesgo y en la planificación territorial.
La lista resume la propuesta central: pasar de medidas parciales —como prohibir garajes subterráneos o elevar plantas bajas— a una estrategia de protección que contemple traslado, recuperación de espacio fluvial y previsión a largo plazo.

Por qué las soluciones parciales no bastan
Elevar un edificio o vetar sótanos evita daños materiales puntuales, pero no soluciona los impactos sistémicos: aislamiento de barrios durante inundaciones, cortes de suministros básicos y fallos en las redes de saneamiento siguen dejando a la población desprotegida.
Además, Greenpeace denuncia un «efecto llamada» provocado por el periodo de adaptación de cinco años: mientras los municipios revisan sus planes, se acelerarían licencias y promociones que perpetúan el riesgo.
La ONG pone el foco en la cultura del hormigón: presas, escolleras y drenajes dan una percepción de seguridad que puede ser engañosa y, en episodios extremos, amplificar la destrucción. Por eso proponen las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) como alternativa que devuelva espacio a los ríos y mejore la absorción del territorio.
Argumento científico: fin de la estacionalidad hidrológica
Greenpeace sostiene que la hidrología está cambiando: los modelos que calculan periodos de retorno se apoyan en series históricas que ya no son representativas. Según la organización, fenómenos que antes eran raros hoy aparecen con mayor frecuencia y severidad.
Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace España, resumió la idea con dureza: la planificación territorial sigue trazando el futuro con mapas del pasado, y esa desconexión conduce a decisiones que aumentan la exposición al riesgo.
Medidas complementarias y exigencias de gobernanza
La ONG valora que el Ministerio proponga señalización visible que recuerde niveles de riadas históricas, pero reclama que esa medida vaya acompañada de mecanismos democráticos y de protección social:
- Creación por ley de Asambleas Ciudadanas de Resiliencia Local para implicar a las comunidades en la gestión del riesgo.
- Compromisos estatales para proteger a las familias y colectivos más vulnerables ante eventuales traslados o cortes de servicios.
En su escrito a la Dirección General del Agua, Greenpeace solicita que las obligaciones que proponga el Estado sean vinculantes y que se diseñe una estrategia nacional de retirada selectiva y reubicación que atienda infraestructuras críticas y poblaciones actualmente atrapadas en zonas de peligro.
Consecuencias prácticas
Si no se actúa con rapidez y ambición, las consecuencias serán tangibles: aumento de víctimas, pérdidas económicas, encarecimiento del seguro y mayor carga para las administraciones locales. La ONG exige que la seguridad pública sea prioritaria sobre intereses urbanísticos y de mercado.
Con la temporada de DANAS acercándose, la discusión no es abstracta: es una cuenta atrás para decidir si se rediseña el territorio para convivir con un clima más extremo o si se sigue apostando por soluciones temporales que trasladan el problema al siguiente episodio.












