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En el pleno del Congreso de este miércoles, ERC lanzó una advertencia contundente sobre el riesgo que, a su juicio, supondría una suma de escaños entre PP y Vox que superara la barrera de los 200; el señalamiento abrió un cruce directo con el presidente del Gobierno, que reconoció la amenaza pero defendió su hoja de ruta. La discusión vuelve a poner en primer plano qué derechos y servicios públicos quedarían en juego si se confirma esa tendencia electoral.
El conflicto emergió durante la sesión de control, cuando Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, instó a Pedro Sánchez a tomar medidas ante las encuestas que sitúan la posible coalición del PP y Vox en torno a los 210 diputados. Rufián pidió que no se subestimen las consecuencias y preguntó qué respuesta ofrecerá la izquierda a ese escenario.
Riesgos que apuntó ERC
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Según el portavoz republicano, una mayoría absoluta de ese calibre permitiría a la derecha emprender reformas profundas que afectarían a servicios y marcos institucionales. Rufián señaló específicamente la posibilidad de recortes o cambios estructurales en:
- El sistema público de pensiones, cuya continuidad y financiación quedarían en entredicho.
- Prestaciones sociales y la protección a los colectivos más vulnerables.
- Sanidad y educación públicas, que podrían sufrir privatizaciones o ajustes.
- La representación autonómica: riesgo de que mengüe la voz de comunidades como Cataluña, Euskadi y Galicia en la Cámara.
Rufián también criticó la falta de acción política ante lo que definió como una emergencia social: mientras la ciudadanía negocia su calidad de vida, dijo, los partidos se estarían disputando únicamente sus marcas y escaños.
El clima del debate fue tenso y con reproches mutuos: Rufián reprochó al Gobierno cierta complacencia y, en tono irónico, comparó propuestas puntuales del Ejecutivo con soluciones insuficientes frente a la presunta amenaza.
Respuesta de Sánchez: admite el riesgo pero apuesta por la acción
Pedro Sánchez aceptó que existe un riesgo real si Vox entra con fuerza en la ecuación de gobernabilidad, y reconoció que esa incorporación podría provocar una retrocesión en derechos y en el propio modelo de convivencia territorial. Puso como ejemplo la respuesta del PP en materia de memoria histórica como indicio de esa deriva.
El presidente evitó dramatizar en exceso pero señaló que la política española atraviesa, a su juicio, una fase marcada por la judicialización y por amenazas en vez de debate parlamentario. Frente a eso, defendió la necesidad de seguir implementando políticas concretas.
Como muestra de esa estrategia, citó dos líneas de actuación que el Ejecutivo impulsa: la movilización de 7.000 millones de euros para promover vivienda protegida en las comunidades autónomas y una partida de 173 millones destinada a impulsar infraestructuras universitarias —por ejemplo residencias— en territorios donde los gobiernos autonómicos, gobernados por PP y Vox, no lo hacen.
El intercambio evidenció una doble lectura del momento político: para la oposición independentista, la prioridad es frenar lo que considera una amenaza estructural; para el Gobierno, la respuesta pasa por profundizar en medidas sociales y dejar que la gestión muestre resultados electorales.
La discusión en el Congreso deja en el aire una pregunta clave para los próximos meses: ¿cómo se traducirán las encuestas en alianzas y decisiones legislativas, y qué margen habrá para preservar servicios públicos y la pluralidad territorial si se confirman las estimaciones actuales?
