Maricarmen Abascal, una mujer madrileña de más de 80 años y con discapacidad que fue desahuciada el miércoles, ha pedido al presidente del Gobierno que el próximo martes el Ejecutivo apruebe un decreto que impida que casos como el suyo vuelvan a repetirse. El llamamiento llega desde el hospital, en un video difundido por el Sindicato de Inquilinas, y coincide con una ola de movilizaciones que ha cruzado España.
En el mensaje, Maricarmen solicita que el Consejo de Ministros adopte un texto de carácter urgente —al que ella se refiere como “decreto Maricarmen”— para iniciar cambios legales que protejan a las personas vulnerables frente a desalojos ejecutados en situaciones similares.
El clip difundido por el Sindicato de Inquilinas es el segundo que se publica desde que la mujer fue ingresada por un cuadro de agotamiento tras el lanzamiento que la obligó a abandonar el piso donde vivía desde hace siete décadas.
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Qué pide y qué puede ocurrir
Maricarmen reclama que lo sucedido sirva como punto de inflexión: que se modifiquen normas y prácticas que permiten desahucios sin alternativas habitacionales adecuadas. En el video, pide además a quienes la han apoyado que respalden una petición en línea promovida por el sindicato para impulsar la aprobación de la medida.
Es importante recordar que un decreto ley aprobado por el Gobierno entra en vigor de forma inmediata, pero requiere luego la convalidación del Congreso para permanecer en el ordenamiento jurídico. Esa doble vía es la que convierte la aprobación del martes en un momento decisivo para la tramitación rápida de cambios normativos.
- Demandas principales: una moratoria o medidas de protección para personas en situación de vulnerabilidad y modificaciones legales que limiten ejecuciones sin soluciones alternativas.
- Acciones inmediatas: firma de la petición impulsada por el Sindicato de Inquilinas y asistencia a la manifestación convocada en Madrid.
- Plazo clave: la reunión del Consejo de Ministros prevista para el martes, donde podrían aprobar el decreto.
- Trámite posterior: posible convalidación o rechazo por parte del Congreso, que determinará la vigencia definitiva de la medida.
La propia Maricarmen volvió a pedir presencia en la protesta convocada para la tarde del sábado, con salida prevista a las 18:30 desde la Puerta del Sol. En su intervención, que muestra todavía secuelas en su capacidad para hablar con normalidad, insistió en que la movilización y la unidad social pueden lograr contratos más estables y protecciones reales para inquilinos.
El episodio ha reabierto el debate público sobre la protección de la vivienda en España y pone en tensión a las administraciones: los defensores de medidas más firmes sobre alquiler y desalojos exigen respuestas rápidas, mientras que el Gobierno deberá valorar alcance y urgencia antes de llevar cualquier propuesta al Consejo de Ministros.
Más allá del caso individual, la atención reside en si el Ejecutivo opta por una actuación inmediata que provoque cambios legales a corto plazo, o si prioriza soluciones legislativas más amplias y debatidas en el Parlamento. Para miles de personas en situación de riesgo habitacional, la decisión del martes tendrá consecuencias concretas y potencialmente inmediatas.
