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Un informe técnico, difundido por plataformas vecinales, advierte de riesgos ambientales vinculados a la reapertura de la mina de Touro, especialmente sobre el río Ulla y la ría de Arousa. La Xunta de Galicia ha puesto en duda la autenticidad del documento por carecer de firma y fecha, pero la alerta ha reavivado el debate sobre el impacto en la pesca y el abastecimiento local.
El dossier, presentado este martes por colectivos como la Plataforma Veciñal Mina Touro‑O Pino Non, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y Ulloa Viva, recoge conclusiones técnicas que, según sus firmantes, aconsejan no reabrir la explotación minera. Los grupos sostienen que los vertidos y escorrentías podrían trasladar metales pesados y lixiviados desde la zona de la mina hasta el sistema fluvial y la ría.
Riesgos para el Ulla y la ría de Arousa
El informe describe posibles vías de contaminación: incorporación de metales a sedimentos, transferencia a organismos acuáticos y acumulación en especies comerciales. Los autores alertan del riesgo para mejillón, almeja y berberecho, recursos que sostienen a numerosas familias y que dependen de la calidad del agua y del sedimento.
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Entre las carencias señaladas figura la ausencia de un estudio sobre la bioacumulación de metales pesados en la fauna local y la falta de análisis sobre cómo conviviría la mina con actividades industriales cercanas, como el proyecto de Altri.
- Contaminación de sedimentos y fauna bivalva por metales pesados.
- Alteración de los manantiales y abastecimientos rurales.
- Impactos sobre la acuicultura y la cadena alimentaria local.
- Emisiones y efectos de las voladuras en suelo y calidad del aire.
Dimensión económica y social
La ría de Arousa es uno de los principales motores de la acuicultura gallega. Según las plataformas, la actividad marisquera aporta más de 106 millones de euros directos al año y concentra más del 65 % de las bateas de la comunidad.
Por ello, los colectivos defienden que el valor socioeconómico de la ría supera con creces los beneficios temporales que, según ellos, podría generar una explotación a cielo abierto. Su argumento central es que cualquier daño ambiental traducido en pérdida de productividad tendría efectos directos sobre miles de empleos y economías familiares.
Presiones políticas y estado administrativo
La empresa promotora del proyecto es Cobre San Rafael. El proyecto espera la declaración de impacto ambiental que condicionará su autorización. Las plataformas han solicitado a la Xunta que aplique el principio de precaución, deniegue la reapertura y ordene, en su caso, el cierre y la restauración de las zonas afectadas por anteriores actividades mineras.
La Xunta ha reaccionado cuestionando la validez del documento difundido, subrayando la ausencia de firma y fecha en el informe. Esa objeción no ha disipado las inquietudes sociales ni las demandas de más estudios técnicos y controles independientes.
Qué está en juego
Si los riesgos descritos se confirmaran, las consecuencias serían tanto ecológicas como económicas: daño a hábitats y especies comerciales, riesgo para el abastecimiento de agua en núcleos rurales y pérdida de ingresos en el sector del mar. A la espera de que la Administración evalúe la documentación oficial, las plataformas insisten en la necesidad de pruebas científicas contundentes antes de autorizar cualquier reapertura.
El proceso continuará con el examen de la declaración de impacto ambiental y la posible respuesta de la Xunta a las demandas ciudadanas; mientras tanto, la controversia vuelve a situar a la mina de Touro en el centro de la agenda regional.
