Mostrar resumen Ocultar resumen
Una organización conservacionista ha presentado recursos que podrían paralizar la continuación de dos canteras a cielo abierto junto a la aldea de Arroyo Tercero, en Moratalla. El conflicto ha vuelto a tensar el debate porque el estudio ambiental que avala la actividad está, según la denuncia, desfasado y ocultaría tres décadas de aprovechamientos sin autorización, con consecuencias directas para vecinos y espacios protegidos.
Qué ha hecho la asociación ecologista
La entidad ANSE ha formalizado alegaciones ante la administración solicitando la inadmisión del expediente de Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA) que pretende legalizar la continuidad de las canteras “Alba” y “Sabinar”. Además reclama la apertura inmediata de expedientes sancionadores por los daños detectados en el entorno.
La petición no es nueva: la organización ya advirtió hace aproximadamente 25 años sobre el impacto de estas explotaciones sobre los ecosistemas de montaña, pero este nuevo escrito añade hallazgos que, a su juicio, agravan la situación.
Aprobados congresos Galicia, Madrid, Murcia, Cantabria y Canarias; Feijóo activa gestora en Navarra
Pedro Sánchez comparece tras el Consejo de Ministros
Principales irregularidades señaladas
En su documento, ANSE apunta a diversas deficiencias técnicas y jurídicas que, combinadas, ponen en duda la validez del procedimiento presentado por el promotor.
- El estudio aportado data de junio de 2016, por lo que habría perdido vigencia según los plazos establecidos en la normativa de evaluación ambiental.
- El expediente sería usado para convalidar trabajos extractivos parcial o totalmente ejecutados desde hace más de 30 años sin la evaluación previa exigida por ley.
- Falta de datos sobre los niveles de emisión de partículas, lo que impide cuantificar el impacto sobre la salud de los habitantes de Arroyo Tercero (situado a menos de 500 metros) y sobre los hábitats protegidos.
- Omisión de la evaluación de afectaciones sobre yacimientos de arte rupestre catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC).
- Ausencia de un análisis detallado de riesgos frente a deslizamientos, uso de explosivos o incendios forestales.
- Constatación de vertidos, pistas y acopios ilegales que, según ANSE, han dañado el núcleo de la Red Natura 2000 en la zona.
Estos puntos no solo cuestionan la integridad técnica del EsIA, sino que, según la asociación, sugieren un intento de regularizar actuaciones previas que debieron someterse a control ambiental hace décadas.
Riesgos concretos para la población y el paisaje
La proximidad entre las canteras y el caserío tiene implicaciones tangibles: calidad del aire, presión sobre recursos hídricos y pérdida de hábitats. A continuación, un resumen de los efectos más preocupantes:
- Salud pública: aumento de partículas en suspensión que afectan vías respiratorias, especialmente en niños y personas mayores.
- Agua: posible disminución y contaminación de fuentes locales por cambios en la dinámica de escorrentía y almacenamiento de residuos.
- Patrimonio natural y cultural: daño irreversible a hábitats incluidos en la ZEC Sierra de Villafuerte y a yacimientos rupestres catalogados como BIC.
- Riesgo geológico y de incendios: explotación sin medidas adecuadas puede aumentar la inestabilidad de taludes y la probabilidad de siniestros.
Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la constatación de irregularidades abre la puerta a sanciones y a posibles recursos que podrían alargar o paralizar cualquier permiso otorgado.
Contexto y perspectivas
La zona forma parte de la red europea de espacios protegidos, por lo que las autoridades locales y autonómicas tienen obligaciones específicas para garantizar su conservación. La falta de un análisis actualizado y completo complica la toma de decisiones y aumenta la probabilidad de conflicto social y jurídico.
ANSE pide no solo la paralización del expediente sino la investigación y sanción de las supuestas actuaciones ilegales. Ahora corresponde a los órganos competentes valorar las alegaciones y decidir si admiten el estudio o abren procedimientos sancionadores.
Para los residentes de Arroyo Tercero y para los defensores del patrimonio natural, la resolución marcará el rumbo: o se avanza hacia la legalización y expansión de la explotación minera, o se impulsa la restauración y protección del territorio afectado.
