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Tras un verano marcado por incendios de gran magnitud, los gobiernos regionales de Galicia, Andalucía y Extremadura trasladaron a Bruselas una petición concreta: más recursos europeos destinados a anticipar los fuegos y reforzar la gestión del territorio. La demanda llega en pleno debate sobre el presupuesto de la UE 2028–2034, lo que convierte la iniciativa en una pieza clave para la próxima planificación financiera comunitaria.
El encuentro tuvo lugar el 13 de octubre en la sede del Comité Europeo de las Regiones en Bruselas, donde los presidentes autonómicos expusieron sus propuestas y advirtieron sobre la creciente regularidad e intensidad de los incendios en España. Coinciden en que se necesita pasar de la reacción a una estrategia preventiva sostenida.
Reivindicaciones y medidas concretas
Los líderes autonómicos presentaron una serie de demandas que combinan financiación, cambios normativos y medidas sobre el terreno.
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- Dotación presupuestaria específica en el marco 2028–2034 para la prevención de incendios forestales y la gestión de sequías.
- Gestión regional de los fondos, con la argumentación de que las administraciones locales conocen mejor las necesidades y son más eficaces en la ejecución.
- Facilitar instrumentos sobre el terreno: creación y mantenimiento de cortafuegos, conservación de accesos y limpieza preventiva de masas forestales.
- Apoyar prácticas tradicionales útiles para la reducción de combustible vegetal, como el pastoreo extensivo y desbroces controlados.
- Implantar una visión integrada que abarque prevención, preparación, respuesta y recuperación, no solo intervenciones puntuales tras las catástrofes.
Los argumentos detrás de estas peticiones combinan razones ambientales, sociales y económicas: prevenir reduce costes a largo plazo, protege vidas y bienes, y ayuda a conservar ecosistemas que están encadenando daños por sequías y olas de calor.
Posturas de las comunidades
En Bruselas, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente del Comité de las Regiones, subrayó que los incendios ya no son episodios aislados sino parte de una realidad climática nueva. Planteó la necesidad de políticas que integren todas las fases de la gestión de emergencias, desde la prevención hasta la recuperación.
María Guardiola, que encabeza la Junta de Extremadura, incidió en la urgencia de adaptar la legislación para permitir actuaciones imprescindibles en el terreno: cortafuegos, mantenimiento de vías de acceso y promoción de la gestión forestal activa. “Los fuegos son más intensos y las sequías más prolongadas”, explicó, señalando los efectos ambientales y socioeconómicos que generan.
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, puso el acento en la dimensión europea del problema. Reclamó un incremento en los recursos comunitarios destinados a la prevención y defendió que la asignación y gestión de esos fondos se realice desde las regiones para garantizar agilidad y eficiencia.
El hilo conductor de las intervenciones fue la misma idea: actuar antes reduce la necesidad de despliegues costosos y arriesgados cuando el incendio ya está declarado.
Qué implicaría para la práctica
Si la propuesta prospera en las negociaciones sobre el marco financiero, las comunidades podrían acceder a recursos destinados a:
- Programas de limpieza y restauración de masas forestales.
- Infraestructuras de prevención (cortafuegos, accesos, puntos de agua).
- Proyectos de empleo rural vinculados al pastoreo y manejo del monte.
- Sistemas de vigilancia y alerta temprana mejorados.
No obstante, la concreción depende de las negociaciones entre instituciones europeas y Estados miembros. La forma de distribuir los fondos, los criterios de elegibilidad y los marcos normativos que permitan las intervenciones son asuntos que deberán cerrarse en los próximos meses.
En resumen: las tres comunidades llevan a la agenda europea una apuesta por anticiparse a los incendios. La discusión sobre el presupuesto de la UE para 2028–2034 será la ventana clave para convertir esas demandas en acciones con impacto real en el terreno.
