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Las misiones de paz de la ONU registraron en 2026 una caída significativa en la presencia femenina, según un informe reciente del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). El retroceso, tanto en número como en proporción, complica las metas de paridad planteadas por la organización y tiene efectos concretos sobre la capacidad operativa y la legitimidad de estas operaciones.
Datos clave y alcance del retroceso
El análisis de SIPRI, difundido en torno al 26º aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre mujer, paz y seguridad, muestra descensos considerables en 2026. El número de mujeres desplegadas como tropa se redujo en un 26%, lo que equivale a 1.098 personas menos que el año anterior.
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En el caso del personal uniformado de alto rango —expertos militares y oficiales de estado mayor— la caída fue aún mayor: un 43%, es decir, 272 puestos menos. La proporción de mujeres entre las tropas se mantuvo en el 8% (sin variación respecto a 2025), mientras que la representación entre los expertos y oficiales bajó a 21%, 2,7 puntos porcentuales menos que en 2025.
SIPRI atribuye gran parte de esa contracción a los recortes de plantilla derivados de problemas financieros en la ONU; los autores del estudio, Claudia Pfeifer y Lucas Wiktorsson, señalan que estas reducciones son las más pronunciadas de la última década.
Misiones y países con más presencia femenina
Algunas operaciones concentran la mayor parte de la representación femenina. La misión con más mujeres es MINUSCA (República Centroafricana), seguida por otros despliegues en África y Oriente Medio.
| Operación | Mujeres desplegadas (2026) |
|---|---|
| MINUSCA (Rep. Centroafricana) | 997 |
| UNMISS (Sudán del Sur) | 741 |
| MONUSCO (R. D. Congo) | 666 |
| UNIFIL (Líbano) | 573 |
| UNISFA (Abyei) | 250 |
En cuanto a los Estados que aportan más mujeres a las misiones, la lista está encabezada por Nepal, seguido por Ghana y Ruanda. India ha entrado en el top 10 en 2026, mientras que Sudáfrica ha salido de esa clasificación.
- Nepal: 327
- Ghana: 287
- Ruanda: 286
- Bangladesh: 273
- Zambia: 153
- India: 125
- Pakistán: 125
- Indonesia: 112
- Etiopía: 108
- Tanzania: 106
Por qué esto importa ahora
La disminución tiene efectos prácticos: la presencia femenina en las fuerzas de paz está ligada a una mayor eficacia en la protección de civiles, mejores canales de comunicación con comunidades locales y una mayor sensibilidad frente a delitos sexuales en zonas de conflicto.
Además, estos retrocesos complican el cumplimiento de la Estrategia de Paridad de Género Uniformada de 2018, que fijó metas concretas para 2028: alcanzar el 15% de mujeres entre las tropas y el 25% entre los expertos y oficiales de estado mayor. Con los datos de 2026, esas metas parecen cada vez más difíciles de lograr sin cambios en reclutamiento, nominaciones y financiación.
Obstáculos y riesgos
Entre los factores que limitan el avance aparecen las limitaciones presupuestarias de la ONU, sistemas nacionales de reclutamiento que no priorizan a las mujeres y la concentración de aumentos en muy pocos países, lo que deja la representación vulnerable a variaciones en las contribuciones nacionales.
La escasez de candidatas nominadas a puestos de mayor responsabilidad también reduce las posibilidades de progresar en la paridad a niveles de toma de decisión militar.
Llamamientos y propuestas
En un foro reciente organizado por ONU Mujeres junto al Ministerio de Defensa en Nueva York, la ministra Margarita Robles pidió medidas concretas y propuso que todos los países establezcan un mínimo del 5% de representación femenina en sus fuerzas armadas y cuerpos policiales como punto de partida.
Su intervención subrayó que la igualdad no debe quedarse en declaraciones formales: requiere reformas en las políticas de reclutamiento, planes de desarrollo profesional y compromisos financieros sostenibles para sostener el despliegue de personal femenino en misiones internacionales.
El informe de SIPRI deja claro que, para revertir la tendencia, se necesitan decisiones políticas nacionales y coordinación multilateral que protejan los avances frente a recortes presupuestarios y fluctuaciones en las contribuciones.
