Multas de hasta 600.000 € en Canarias por movilizar servicios de rescate a turistas imprudentes

Las autoridades canarias han endurecido su respuesta contra conductas turísticas que ponen en riesgo a otras personas y obligan a movilizar equipos de emergencia. La nueva regulación contempla sanciones económicas muy elevadas, que pueden llegar hasta 600.000 euros, y busca disuadir actuaciones que sobrecargan a las fuerzas de rescate y seguridad.

El cambio responde a un aumento de intervenciones en zonas naturales, costas y rutas de montaña donde visitantes realizan actividades sin respetar señales, accesos cerrados o condiciones meteorológicas adversas. Más allá de la multa, las autoridades defienden que estas medidas persiguen proteger vidas y preservar recursos públicos limitados.

Equipo de rescate en zona costera y senda de montaña
Aumento de intervenciones en costas y rutas de montaña obliga a más operaciones de rescate.

Fuentes oficiales explican que la normativa se centra en penalizar comportamientos que obligan a activar de forma “innecesaria” a los equipos de búsqueda y rescate. Entre los escenarios que motivan sanciones se mencionan excursiones fuera de senderos señalizados, inmersiones sin la preparación adecuada, el uso indebido de embarcaciones y la interferencia con operaciones por parte de drones u otros aparatos.

Las consecuencias van más allá del pago de la multa: los implicados pueden enfrentarse a procesos administrativos que incluyen la tramitación de responsabilidades por los costes directos de la intervención y, en casos extremos, a consecuencias penales si se demuestra negligencia grave.

  • Entrada en áreas cerradas: acceder a zonas restringidas de parques naturales o acantilados señalizados como peligrosos.
  • Actividades no autorizadas: prácticas deportivas sin permiso o sin las medidas de seguridad exigidas.
  • Interferencias con rescates: uso de drones o comportamiento que obstaculice la labor de los equipos de emergencia.
  • Negligencia ante avisos: ignorar alertas meteorológicas, cierres de rutas o indicaciones de personal de protección civil.

Para contextualizar el alcance de la iniciativa, la administración señala tres objetivos principales: reducir intervenciones evitables, sancionar conductas de riesgo y concienciar a residentes y visitantes sobre la responsabilidad individual en espacios naturales. La medida también persigue proteger la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante emergencias reales.

Categoría de conducta Posible consecuencia
Infracciones leves Apercibimiento o sanción económica moderada
Infracciones graves Multas superiores y posible obligación de reparar daños
Infracciones muy graves Sanciones máximas (hasta 600.000 euros) y responsabilidades adicionales

El endurecimiento también plantea implicaciones prácticas para el sector turístico: empresas de actividades deberán reforzar protocolos y guías locales podrían intensificar los controles. Al mismo tiempo, los visitantes deberían informarse antes de realizar excursiones y respetar señalización y recomendaciones de las autoridades.

Guía de actividades turísticas revisando protocolos de seguridad
Empresas turísticas deberán reforzar protocolos y controles tras la nueva normativa.

Quienes reciban una sanción administrativa conservarán, como en cualquier procedimiento, el derecho a recurrir. Las autoridades insisten en que la prioridad es minimizar riesgos y garantizar que los servicios de rescate puedan atender emergencias reales sin verse desbordados por incidentes prevenibles.

En definitiva, la nueva normativa eleva la apuesta por la seguridad en las Islas: persigue frenar la imprudencia individual, proteger recursos públicos y evitar tragedias que podrían haberse evitado con prevención y sentido común.

Da tu opinión

Sé el primero en valorar esta entrada
o deja una reseña detallada



devalverde.es es un medio independiente. Apóyanos añadiéndonos a tus favoritos de Google News:

Publicar un comentario

Publicar un comentario