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Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 la Guardia Civil localizó 941 instalaciones ilegales destinadas a extraer o acumular agua en distintas zonas de España, una detección que llega en pleno episodio de sequía y que pone en evidencia riesgos para el abastecimiento y los ecosistemas. La operación Zahorí, que investiga a 31 personas, cuantifica daños millonarios al patrimonio hídrico público y ha abierto varias investigaciones penales y administrativas.
Los hallazgos van desde pozos clandestinos hasta sondeos y balsas ilegales, y se extienden por varias comunidades autónomas. Peritos y agentes del SEPRONA han evaluado tanto el perjuicio económico como el impacto sobre la flora y la fauna, factores que influyen en la calificación de los posibles delitos.
Qué se ha detectado y cuánto cuestan los daños
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| Concepto | Datos |
|---|---|
| Infraestructuras ilegales detectadas | 941 |
| Daños estimados al dominio público hidráulico | > 270 millones € |
| Personas investigadas | 31 |
| Infracciones administrativas tramitadas | 1.684 (77 % por vulneraciones de la normativa de aguas) |
| Delitos detectados | 29 |
Tipos de captación detectadas
Del total de instalaciones ilegales, la distribución por tipología es desigual: la mayoría son pozos no autorizados, pero también hay sondeos, balsas y otros métodos de desviación.
- Pozos clandestinos: aproximadamente el 60 % del total.
- Sondeos o perforaciones a acuíferos: alrededor del 24 %.
- Balsas para acumulación: cerca del 4 %.
- Otras captaciones (derivaciones, trasvases, baipás, etc.): el 12 % restante.
En cuanto a la tipología de los ilícitos penales, el informe refleja que los delitos por distracción de aguas de uso público suponen el 59 %; los ilícitos contra recursos naturales y el medio ambiente, el 28 %; y los relativos a la ordenación del territorio, el 7 %.
Operaciones significativas y casos locales
Las actuaciones se han desarrollado en varias provincias. Algunas operaciones resultan especialmente relevantes por la entidad del daño o por el lugar donde se produjeron.
Operación Subterra (entorno de Doñana): identificó irregularidades en la corona forestal del parque; se investigaron ocho personas y cinco empresas, y se esclarecieron varios delitos relacionados con el medio ambiente y la ordenación del territorio.
Operación Bredo (Las Rozas, Madrid): los agentes localizaron un sondeo sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo y otro legal con un dispositivo de derivación anterior al contador para ocultar el caudal. Peritajes apuntan a extracción ilícita desde 2002 por un valor aproximado de 1,6 millones de euros; hay dos investigados por presuntos delitos de usurpación de aguas, defraudación y otros.
Operación Land Change (Mazarrón, Murcia): dos personas imputadas por convertir 47 hectáreas de secano en regadío mediante captaciones irregulares; el daño ambiental se estima en 2,9 millones de euros.
Operación Captaqua (Córdoba): comprobación conjunta con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que descubrió pozos clandestinos y contadores manipulados mediante baipás; finalizó con una persona física y una entidad jurídica investigadas.
Implicaciones y contexto actual
Estos expedientes no son solo sanciones aisladas: se insertan en un contexto de escasez hídrica recurrente y presionan sistemas de abastecimiento y ecosistemas ya vulnerables. La cuantificación económica —más de 270 millones de euros en perjuicios al dominio público hidráulico— resalta tanto el impacto patrimonial como la posible pérdida de recursos para usos legítimos.
Además de las consecuencias penales y económicas, las investigaciones incluyen valoraciones ambientales que pueden agravar las penas si se demuestra daño sobre hábitats o especies protegidas. Entre las medidas administrativas aparecen clausuras, multas y órdenes de restitución del dominio público hidráulico.
- Reforzamiento de inspecciones en áreas críticas y parques nacionales.
- Colaboración interinstitucional entre Guardia Civil, SEPRONA y confederaciones hidrográficas.
- Tramitación de numerosas sanciones administrativas que complementan las causas penales.
La operación Zahorí, cuyo nombre alude a la búsqueda de manantiales ocultos, subraya la necesidad de vigilar las extracciones ilegales en un país donde el agua es un recurso cada vez más estratégico. El resultado de las investigaciones y las sanciones impuestas en los próximos meses marcarán hasta qué punto estas prácticas podrán ser disuadidas y reparadas.
