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El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso la actuación del Gobierno frente a las acusaciones sobre alertas de inteligencia y un dossier interno sobre periodistas, cuestiones que han reavivado el debate sobre transparencia y seguridad tras la crisis migratoria de Ceuta. La discusión, que incluye peticiones de dimisión y denuncias sobre supuestas «listas», vuelve a poner en el centro la relación con Marruecos y la coordinación entre servicios de inteligencia.
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Ante las críticas del PP, Marlaska pidió que se eviten informaciones no verificadas sobre un supuesto aviso de la CIA al CNI acerca de la llegada masiva de personas a finales de julio. Aseguró que esa versión no se corresponde con los hechos conocidos y reclamó responsabilidad en el uso de la información pública.
También ofreció disculpas a quienes pudieron interpretar de manera inadecuada un informe interno sobre periodistas y negó de forma tajante que el Ministerio elabore «listas negras»: defendió que no se etiquetan personas por su ideología y que el documento en cuestión era un material de trabajo interno.
Lo ocurrido en Ceuta y las cifras
Los hechos que motivaron el debate se remontan al episodio de finales de julio, cuando miles de personas entraron irregularmente en Ceuta. El ministro recordó que la mayor parte de los afectados regresó con la colaboración marroquí y destacó que, antes del 30 de julio, Marruecos había interceptado llegadas a nado que, según sus cifras, sumaron miles.
En el hemiciclo también se mencionó la existencia de alertas previas del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Marlaska reprochó la gestión política de la información: si varios actores tenían conocimiento de avisos, preguntó por qué esa información no se elevó ni se comunicó de forma coordinada.
Acusaciones políticas y seguridad ciudadana
Los grupos de la oposición cargaron con dureza contra el ministro. El PP y Vox le atribuyeron, entre otras cosas, negligencia en la gestión de la crisis y reprocharon lo que describieron como una falta de protección a los ceutíes. También cuestionaron movimientos y decisiones operativas —por ejemplo, la presencia del ministro junto a efectivos en el terreno— y exigieron responsabilidades políticas.
Vox llegó a afirmar que las medidas tomadas por el Ejecutivo favorecían a Rabat y criticó restricciones en determinadas zonas fronterizas; el PP, por su parte, apuntó a posibles manipulaciones de informes remitidos a la Audiencia Nacional y pidió la dimisión de Marlaska.
- Preguntas sobre inteligencia: quién supo qué y cuándo; la veracidad de las supuestas alertas internacionales.
- Transparencia: alcance y uso del dossier sobre periodistas y criterios para su elaboración.
- Seguridad local: percepción de inseguridad en Ceuta y medidas para proteger a la población.
- Relaciones exteriores: papel de Marruecos en la gestión de retornos y control fronterizo.
- Repercusiones políticas: posibles investigaciones parlamentarias y solicitudes de responsabilidades.
El cruce de reproches ilustra dos efectos inmediatos: por un lado, la tensión política que acompaña a cualquier crisis migratoria de gran impacto; por otro, la presión sobre las instituciones de inteligencia y seguridad para clarificar protocolos de comunicación y coordinación.
Fuentes del Ejecutivo subrayaron que la colaboración con Marruecos fue determinante para que la mayoría de las personas se reintegrara, y valoraron los operativos previos que, según el ministerio, impidieron varias entradas a nado antes del episodio más crítico.
En el Congreso queda abierta la agenda: la oposición reclama explicaciones pormenorizadas y algunos partidos han anunciado intensificar el control parlamentario. Para los residentes de Ceuta, la discusión no es solo política: afecta la seguridad cotidiana y la percepción pública sobre la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
