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Un nuevo choque se ha abierto entre el sector tecnológico y organizaciones ambientales tras la publicación del borrador de un Real Decreto que pretende marcar criterios de sostenibilidad para los centros de datos en España. La disputa, que ha escalado en las últimas horas, plantea preguntas inmediatas sobre inversiones, consumo energético y la participación ciudadana en decisiones que afectan al territorio.
La norma en tramitación introduce condiciones sobre el uso de energía y la gestión del agua destinadas a acotar el impacto ambiental de estos grandes consumos eléctricos. Pero la patronal de promotores, SpainDC, reaccionó con dureza, y su respuesta ha encendido la alarma de grupos ecologistas que exigen ser incluidos en las negociaciones.
Qué propone el borrador y por qué importa ahora
El texto preliminar del Gobierno fija requisitos para que los centros de datos operen bajo criterios de sostenibilidad: prioridad por electricidad renovable, medidas de eficiencia hídrica y controles sobre la demanda energética. La intención oficial es que el crecimiento del sector no comprometa la transición ecológica ni provoque tensiones en redes y recursos locales.
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La discusión llega en un momento relevante: el despliegue de capacidades digitales se acelera y, simultáneamente, crece la presión sobre sistemas eléctricos y acuíferos en varias regiones. Por eso la regulación tiene efectos prácticos inmediatos, desde la planificación energética hasta la aceptación social de proyectos industriales.
Reacciones: inversiones contra regulación
SpainDC ha advertido que las nuevas condiciones pueden afectar la viabilidad de algunos proyectos y ha planteado la posibilidad de revisar compromisos inversores; la patronal también ha insinuado acciones legales y reclamaciones económicas en caso de que la norma se apruebe en los términos actuales.
Frente a esa postura, Ecologistas en Acción ha pedido participar en el proceso de redacción y ha mostrado su rechazo a cualquier flexibilización que reduzca las exigencias ambientales. La organización argumenta que permitir negociaciones cerradas solo con la industria contraviene principios de transparencia y participación pública.
- Medidas clave del borrador: obligación de aumentar el consumo de electricidad procedente de fuentes renovables; límites y medidas para reducir el consumo de agua; criterios de ubicación que valoren la sostenibilidad territorial.
- Demandas de SpainDC: mayor flexibilidad técnica y económica, negociación directa con el Ejecutivo y garantía de seguridad jurídica para inversiones.
- Petición de Ecologistas en Acción: inclusión de la sociedad civil y expertos científicos en la mesa técnica; audiencia ante el Consejo de Estado para aportar alegaciones al dictamen.
Participación y próximas fases
La organización ecologista ya ha solicitado formalmente comparecer ante el Consejo de Estado para que sus aportaciones consten en el informe preceptivo. En paralelo, ha reclamado al Ministerio para la Transformación Digital que la mesa técnica acordada con la patronal incorpore a representantes de la ciudadanía y a especialistas independientes.
Las decisiones que adopte el Gobierno en las próximas semanas determinarán no solo el marco regulatorio, sino la relación entre política industrial y objetivos climáticos. Un suavizado de requisitos podría facilitar inversiones a corto plazo, pero también aumentar el riesgo de conflicto social y de presión sobre redes eléctricas y recursos hídricos.
Qué debería vigilar la sociedad
Conviene seguir con atención varios puntos en la tramitación del decreto:
- Si la mesa técnica amplia su composición para incluir a asociaciones, ayuntamientos y expertos independientes.
- El alcance real de las exigencias sobre electricidad renovable y eficiencia hídrica, y los plazos para su cumplimiento.
- Posibles reclamaciones legales o retiradas de inversión anunciadas por la industria, y su impacto económico y jurídico.
En un contexto en el que la digitalización y la sostenibilidad compiten por prioridades presupuestarias y regulatorias, este expediente servirá como test sobre cómo conciliar crecimiento tecnológico y protección ambiental en España.
