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Una investigación periodística ha puesto en tela de juicio la viabilidad técnica, urbanística y financiera de ocho centros de datos orientados a inteligencia artificial en España y Panamá. La relevancia es inmediata: la posible falta de garantías afecta a inversores, administraciones locales y al cumplimiento de objetivos ambientales.
Qué proyectos y quiénes están detrás
El análisis examina la relación entre la sevillana Blackberry AIF, S.L. (constituida en mayo de 2024 con un capital social reducido) y la estadounidense EdgeMode Inc.. Ambas han anunciado una cartera de ocho data centers que, según sus acuerdos, deberían alcanzar la fase de Ready-to-Build (RTB) —lista para ejecutarse y ofrecerse a terceros— antes de pasar a explotación o venta.
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Los emplazamientos señalados abarcan localidades españolas y una ubicación en Panamá, y varias carpetas administrativas parecen aún inmaduras frente a las promesas realizadas públicamente.
- Vianos (Albacete): el proyecto más avanzado administrativamente, pero con obstáculos técnicos y ambientales relevantes.
- Mora (Toledo): en fase de consultas ambientales (julio de 2026) y con impactos sobre cursos de agua y hábitats.
- Villasequilla y Tomelloso: incorporados posteriormente a la cartera, pendientes de permisos y estudios.
- Córdoba y Torrecampo (Córdoba): suelos rústicos con desniveles, problemas de acceso y ausencia de gasoductos cercanos.
- Cáceres: expediente incompleto en la documentación revisada.
- Tocumen (Panamá): añadido a la cartera, con incertidumbres similares a las españolas.
Vianos: el ejemplo más ilustrativo
El proyecto en Vianos plantea una capacidad prevista de cientos de megavatios, con una combinación de generación propia basada en gas y una aportación fotovoltaica limitada.
Sin embargo, el estudio administrativo identifica carencias críticas: la red de gas de alta presión más cercana distaría más de 80 kilómetros; la infraestructura eléctrica de alta tensión local no tendría margen suficiente para sostener la demanda prevista; y la disponibilidad de agua podría ser deficitaria en verano. Además, el terreno es de carácter rústico y atraviesan la parcela elementos de dominio público —vías y cauces— que complican su desarrollo.
También existen riesgos patrimoniales y de planificación: proximidad a una torre con protección cultural y posible afección por el trazado previsto de la A-32.
En suma: muchas de las condiciones que se han anunciado como garantizadas para los proyectos europeos no aparecen confirmadas en los expedientes consultados para Vianos.
Problemas recurrentes en otras localizaciones
Los informes municipales y ambientales revisados señalan obstáculos parecidos en varias parcelas: interferencias con cursos hídricos y caminos históricos, ocupación de terrenos forestales, impacto sobre aves esteparias y dificultades topográficas que encarecerían el acceso y la obra.
En Torrecampo, por ejemplo, el suelo está fragmentado en numerosas parcelas intersectadas por caminos; en Córdoba hay pendientes y vaguadas que comprometen la construcción. En Cáceres la documentación clave aún no ha sido aportada, según el dossier analizado.
Un punto técnico recurrente es la dependencia prevista de generadores a gas para cubrir gran parte de la demanda eléctrica, una solución que puede chocar con las políticas de descarbonización y que, en la práctica, suele terminar exigiendo una conexión estable a la red de alta tensión —un cuello de botella conocido en proyectos de esta escala.
Cómo se financiarían los proyectos
Los socios rubricaron un primer memorando de entendimiento en octubre de 2025 y constituyeron posteriormente una sociedad vehículo domiciliada en las Islas Caimán —DC Estate Solutions Cayman Limited— con la intención de agrupar los activos hasta la fase RTB y facilitar su venta.
En enero de 2026 se acordó elevar la participación de la sociedad española hasta el 49,9% y comprometer nuevas aportaciones financieras. Según la documentación analizada, Blackberry AIF habría recibido inicialmente 500.000 dólares y contaría con compromisos adicionales por 11,15 millones, junto con opciones sobre un gran número de acciones de EdgeMode.
La salud financiera de EdgeMode
Las cuentas de EdgeMode a 31 de diciembre de 2025 muestran cifras que despiertan advertencias: patrimonio neto negativo —en torno a 18,8 millones de dólares— y un pasivo corriente que excede al activo corriente en aproximadamente 19,6 millones. El informe de auditoría plantea dudas sobre su capacidad para operar como empresa en funcionamiento.
Además, gran parte de su financiación se ha instrumentado mediante pagarés convertibles y la cantidad de acciones en circulación se habría multiplicado significativamente durante 2025. Los analistas del informe detectaron picos en la cotización en mercados OTC coincidentes con anuncios de nuevos proyectos, seguidos de descensos posteriores.
Cuestiones pendientes y señales de alarma
El documento formula una serie de preguntas que, a juicio de sus autores, deben aclararse antes de confiar en las previsiones divulgadas:
- Por qué figura la misma entidad como gestor y como fondo alternativo sin constar autorización visible ante la CNMV.
- Si se ha ocultado información relevante entre las partes o a potenciales compradores.
- Si hay diferencias entre comunicaciones públicas remitidas a la SEC y la información facilitada a inversores privados.
- La posibilidad, todavía no probada, de movimientos especulativos en la cotización de EdgeMode —a veces descritos como pump and dump en contextos similares— exige investigación.
Qué significa esto para inversores y administraciones
El crecimiento de la demanda por capacidad para inteligencia artificial ha multiplicado el interés inversor en centros de datos, lo que aumenta el riesgo de comercializar proyectos antes de verificar su viabilidad real.
La práctica de desarrollar hasta fases iniciales y vender a operadores o constructoras es habitual y legítima; sin embargo, el informe insiste en la necesidad de realizar una due diligence independiente sobre capacidades energéticas, condicionantes urbanísticos, permisos ambientales y solvencia financiera antes de invertir.
En este contexto, las administraciones territoriales y los inversores deberían exigir documentación verificada y transparencia sobre los planes energéticos y la financiación.
La investigación no concluye con acusaciones probadas, pero sí plantea suficientes dudas operativas, legales y financieras como para exigir aclaraciones públicas y revisar compromisos antes de que los contratos y las inversiones avancen.
