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El Congreso ha fijado para la semana del 10 de febrero la votación definitiva de una reforma penal presentada por Junts que endurece las penas por la multirreincidencia y añade agravantes por la sustracción de móviles con datos personales. La iniciativa no solo altera criterios judiciales sobre hurtos y estafas, sino que vuelve a tensar la coalición y reabre el debate público sobre eficacia y proporcionalidad.
La proposición de ley, dirigida a modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fue registrada por Junts en marzo de 2024. Tras meses de trámite lento y varias enmiendas parciales, la reforma ganó impulso político a comienzos de 2026 cuando la Comisión de Justicia la aprobó en tiempo récord y la trasladó al Pleno del Congreso.
Qué cambia la ley
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El texto contempla varias medidas destinadas a castigar con más dureza los hurtos reiterados y ciertos delitos vinculados al fraude o al transporte de combustible para embarcaciones narcotraficantes:
- Hurto leve: multa de uno a tres meses si lo sustraído no supera los 400 euros.
- Multirreincidencia: cuando haya condenas firmes anteriores por al menos tres delitos leves, el hurto podrá ser castigado con prisión de uno a tres años.
- Móviles y datos personales: se introduce un agravante específico si el objeto sustraído es un teléfono u otro dispositivo con datos personales. La norma exceptúa casos como la compra de móviles nuevos en establecimiento.
- Estafa: la agravación por multirreincidencia se extiende a estafas con ánimo de lucro, valorando importe defraudado, perjuicio económico, relación entre las partes y medios empleados.
- Medidas cautelares: opción de prohibir temporalmente al investigado acudir a determinados lugares o comunicarse con ciertas personas.
- Pena por «petaqueo»: prisión de uno a cinco años por facilitar combustible u otros suministros con temeridad manifiesta a embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Varios de estos puntos se han incluido mediante enmiendas pactadas entre Junts, PP, PSOE y el PNV, lo que permitió su paso por la Comisión pese a la oposición de otras fuerzas parlamentarias.
Reacciones en el hemiciclo
En la comisión, las posturas quedaron nítidas: PP y Vox celebraron el endurecimiento como respuesta a la “inseguridad” percibida en la calle; Junts defendió la iniciativa como una respuesta a la repetición de hurtos; el PSOE argumentó que atiende demandas ciudadanas y el PNV subrayó su carácter transversal.
Pero la ley no suma apoyos de toda la coalición. Sumar votó en contra y calificó la medida de deriva punitivista con el objetivo de contentar a Junts. Bildu y Podemos también rechazaron la reforma por considerarla desproporcionada y poco garantista; ERC se abstuvo y avisó de que la norma puede generar expectativas que no resolverán las causas estructurales del delito.
Ese desacuerdo evidencia la tensión entre la agenda de seguridad que defienden ciertas fuerzas y las advertencias sobre derechos, proporcionalidad y eficacia penal que plantean otras dentro y fuera del Gobierno.
Implicaciones prácticas
Si el Pleno del Congreso aprueba el texto en los términos actuales, el siguiente paso será el Senado. De confirmarse la reforma, los tribunales y cuerpos policiales deberán adaptar protocolos para aplicar los nuevos agravantes y las medidas cautelares previstas.
Los efectos concretos sobre la delincuencia repetida, la percepción de seguridad y la carga procesal judicial permanecen abiertos: la reforma busca endurecer sanciones, pero sus defensores y detractores discrepan sobre si eso se traducirá en menos delitos o en más procedimientos y restricciones preventivas.
En lo político, la votación servirá como termómetro de la cohesión de la coalición y de la habilidad de PSOE para conciliar exigencias de socios distintos sin fracturar acuerdos clave.
La semana del 10 de febrero, el Pleno del Congreso debatirá y someterá la norma a votación; si recibe el visto bueno, continuará su tramitación en el Senado, donde aún pueden introducirse cambios de calado.
