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Los datos provisionales del Gobierno sitúan a 2025 como el peor año en superficie arrasada por incendios en España en tres décadas: más de 354.793,50 hectáreas calcinadas. El volumen de terreno afectado y la concentración de grandes fuegos obligan a replantear medidas de prevención, protección civil y gestión del territorio a corto plazo.
Un balance excepcionalmente severo
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó recientemente las cifras remitidas por las comunidades autónomas: durante 2025 se registraron un total de 8.189 siniestros, que incluyen 2.599 incendios confirmados y 5.590 conatos. Aunque el cómputo global de fuegos no supera la media de la última década, la extensión quemada ha crecido de forma notable.
La comparación con 2022 —hasta ahora el año más dañino en superficie— destaca la magnitud del deterioro: la superficie afectada en 2025 supera con claridad las cerca de 270.289 hectáreas quemadas en 2022.
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Grandes incendios: la principal diferencia
Lo que distingue a 2025 no es tanto el número total de fuegos, sino la escala de algunos de ellos. El informe contabiliza 63 incendios de más de 500 hectáreas, una cifra muy superior a la habitual y la más elevada desde 2015. Estos grandes siniestros consumieron la mayor parte de la superficie total dañada, concentrando el impacto en episodios largos y de alta intensidad.
Dónde se concentró el daño
Geográficamente, la mayor parte del territorio arrasado se localizó en el noroeste peninsular, seguido por zonas del interior y algunas áreas del litoral mediterráneo. Ese patrón territorial modifica las prioridades de vigilancia y refuerza la necesidad de coordinar recursos entre comunidades cercanas.
| Superficie total quemada | 354.793,50 ha |
| Número total de siniestros | 8.189 |
| Incendios confirmados | 2.599 |
| Conatos | 5.590 |
| Grandes incendios (>500 ha) | 63 |
| Vegetación arbolada afectada | 103.105,85 ha |
| Matorral y monte abierto | 185.220,55 ha |
| Pastos y herbáceas | 66.467,10 ha |
Qué se quemó y qué implica
Del total, aproximadamente un tercio correspondió a superficie arbolada, mientras que la mayor porción afectada fue matorral y monte abierto, sectores que suelen propagar el fuego con rapidez cuando las condiciones son secas. También se perdieron extensas áreas de pastos y dehesas, con consecuencias directas para la ganadería y la economía rural.
Para las poblaciones próximas, las consecuencias son tangibles: riesgo para la vida y bienes, empeoramiento de la calidad del aire y afectación de infraestructuras. A medio y largo plazo, la pérdida de cobertura vegetal aumenta la vulnerabilidad al suelo frente a erosión e inundaciones.
Clima, prevención y gestión del territorio
Los técnicos relacionan esta escalada con episodios de calor intenso, sequías persistentes y condiciones atmosféricas favorables a la propagación. Ese contexto climático actúa como multiplicador del riesgo y exige un ajuste de las políticas de prevención y adaptación.
Entre las medidas urgentes que se derivan del balance figuran la mejora de las brigadas y la logística de extinción, planes de gestión de combustibles en el paisaje, mayor coordinación interautonómica y comunicación pública más activa sobre riesgo y evacuaciones.
El resultado de 2025 plantea preguntas sobre la capacidad de adaptación a un escenario de incendios más severos y frecuentes. Los datos provisionales sirven ahora de base para revisar estrategias y priorizar inversiones que reduzcan la exposición de comunidades y recursos naturales.












