Las expulsiones de extranjeros ordenadas por las fuerzas de seguridad en España registraron un nuevo aumento en 2025, un dato que afecta a la gestión migratoria y a la seguridad pública. Los últimos registros oficiales muestran una tendencia al alza sostenida en los últimos cuatro años, lo que plantea preguntas sobre la aplicación de la ley y el papel de la vía judicial.
Según las cifras del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press, en 2025 se tramitaron y ejecutaron 3.398 expulsiones, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior. Este crecimiento confirma una tendencia ascendente que ya se venía observando desde 2021.
- 2021: 2.025 expulsiones
- 2022: 2.627 expulsiones
- 2023: 3.090 expulsiones
- 2024: 3.031 expulsiones
- 2025: 3.398 expulsiones
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En total, entre 2021 y 2025 se han ejecutado 14.171 expulsiones por parte de la Policía Nacional, el cuerpo con competencia exclusiva para tramitar este tipo de procedimientos conforme a la normativa vigente.
Los datos recogen exclusivamente procedimientos iniciados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por motivos vinculados a la seguridad; no incluyen las devoluciones administrativas de personas en situación irregular, que se tramitan por vías distintas.
La normativa que regula estas medidas ofrece caminos diferentes: por un lado, la propia Ley de Extranjería contempla procedimientos de expulsión —ordinarios o preferentes— que se instruyen por la Policía Nacional y ante los que existe posibilidad de recurso, de modo que la resolución definitiva puede corresponder a un juez.
Por otro lado, el artículo 89 del Código Penal prevé la sustitución de la pena de prisión por la expulsión cuando la condena supere un año. En los supuestos en que el extranjero acredita una residencia en España superior a diez años, la legislación exige valorar con mayor cuidado la gravedad de la sanción y el riesgo de reincidencia.
El incremento continuado de las expulsiones tiene implicaciones prácticas: afecta a la carga de trabajo de los juzgados y de las unidades policiales encargadas de la instrucción, y condiciona debates sobre controles fronterizos, cooperación internacional y garantías procesales para las personas afectadas.
Las cifras públicas permiten seguir la evolución de una política que combina medidas administrativas y penales, y que en los próximos años será observada de cerca por juristas, organizaciones de derechos humanos y responsables de seguridad por igual.
