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Madrid, 29 de mayo — La disputa política se intensificó este viernes después de que el Partido Popular exigiera la retractación de unas declaraciones del ministro de Transportes que señalaron un supuesto intento de desestabilizar al Ejecutivo por vías no democráticas. La polémica llega en plena investigación judicial que incluye el registro de la sede del PSOE en la calle Ferraz.
En una comparecencia en la sede del PP, Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, lanzó duras críticas contra el titular de Transportes, reclamando que retire sus afirmaciones y advirtiendo sobre el daño que, a su juicio, causan a las instituciones.
El ministro, según fuentes, pidió previamente dejar que la Justicia esclarezca distintos procedimientos que afectan al entorno del Gobierno, pero advirtió sobre actuaciones que le hacen pensar en un intento de apartar al Ejecutivo por medios no democráticos. Esas palabras se pronunciaron un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenara la entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz para investigar una supuesta trama vinculada al exsecretario de Organización, Santos Cerdán.
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Reproches y descripción de la situación
Ezcurra acusó al Gobierno de adoptar una visión conspirativa de los acontecimientos y sostuvo que ese enfoque es incompatible con la normalidad institucional. En su intervención, sugirió además que el ministro atraviesa distintas reacciones personales ante los hechos y reiteró la petición de que se retracte públicamente.
La dirigente popular también afirmó que, a su entender, el presidente del Gobierno está utilizando recursos del Estado como una protección personal y atacando contrapesos democráticos, una práctica que, según ella, pone en riesgo el sistema democrático.
- 29 de mayo: Reacción pública del PP reclamando la retirada de las declaraciones del ministro.
- 28 de mayo: Orden judicial del juez Santiago Pedraz y actuación de la Guardia Civil en la sede de Ferraz.
- Contexto: Investigaciones sobre una presunta trama dirigida por Santos Cerdán para entorpecer actuaciones judiciales.
- Riesgos inmediatos: Mayor polarización política y presión sobre las instituciones judiciales y policiales.
La réplica de la dirección del PP
La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, acusó al Ejecutivo de sembrar desinformación y aseguró en un mensaje en redes sociales que la única maniobra conspiratoria conocida, según su versión, proviene del entorno de Ferraz contra el Estado de Derecho y los cuerpos encargados de aplicarlo.
Gamarra describió la actitud del Gobierno como una señal de debilidad y pidió que prime la voz de los ciudadanos en un momento de alta tensión política.
Voces desde ambos espacios coinciden en la necesidad de que la Justicia concluya su trabajo con rapidez, pero discrepan profundamente en la interpretación política de los registros y las filtraciones.
En lo inmediato, la expectación se centra en si el ministro optará por matizar o retirar sus palabras y en el avance de la investigación judicial. El choque de versiones subraya la fragilidad del consenso sobre los límites entre la acción política y la institucionalidad en una etapa marcada por la polarización.
