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La modificación aprobada por el Congreso este jueves para endurecer las penas en casos de multirreincidencia por hurtos y estafas de baja cuantía ha encendido las alarmas de colectivos judiciales. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) considera que la medida vulnera principios básicos del derecho y no aborda las causas reales del fenómeno.
En un comunicado difundido el sábado, la asociación advierte de que la reforma —impulsada por Junts y respaldada por PSOE, PP, Vox, PNV y UPN— eleva las penas de prisión para comportamientos cuya gravedad individual es limitada, incluso cuando las sumas no superan los 400 euros.
Argumentos de la asociación
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JJpD sostiene que aumentar castigos no garantiza un efecto disuasorio. Recuerda que tras la reforma de 2022 dirigida a multirreincidentes —definidos entonces por reincidir al menos tres veces con importes superiores a 400 euros— los hurtos se incrementaron en más del 20%, según los datos que cita la propia asociación.
Los jueces señalan que la medida puede producir consecuencias prácticas negativas: saturación de órganos judiciales, procedimientos más largos y complejos por delitos de baja intensidad y pérdida de capacidad para procesar con rapidez los delitos graves.
- Proporcionalidad: Elevar penas hasta tres años por hechos de escasa entidad, dicen, rompe la coherencia del sistema penal.
- Impacto social: Las sanciones recaerían con más dureza sobre los colectivos vulnerables, contribuyendo a la criminalización de la pobreza.
- Eficacia: La experiencia reciente muestra que el endurecimiento punitivo no ha reducido la incidencia de hurtos.
- Recursos: En lugar de penas más duras, proponen dotar al sistema de medios humanos y materiales para detectar y enjuiciar la multirreincidencia con mayor agilidad.
La asociación añade un dato que contextualiza su rechazo: España registra tasas de encarcelamiento entre las más altas de la Unión Europea, mientras mantiene índices de delincuencia comparativamente bajos. Para JJpD, esto evidencia una descompensación entre respuesta punitiva y realidad criminal.
Alternativas y riesgo político
No se trata solo de criticar. JJpD reclama políticas centradas en la prevención y la inclusión social, así como mecanismos de justicia reparadora que combinen agilidad procesal y respeto a derechos fundamentales.
La organización advierte además del atractivo político de las medidas represivas: cuando el debate público se orienta hacia respuestas estrictas, disminuye el espacio para actuaciones sociales que atacan las causas estructurales del delito de baja intensidad.
En su conclusión, los jueces instan a los poderes públicos a priorizar soluciones que no sacrifiquen los principios constitucionales en favor de respuestas inmediatas y aparentemente contundentes.
