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El grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo ha elevado a la Comisión una queja formal por la concesión de semilibertad al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como Txeroki, advirtiendo de un posible menoscabo de los derechos de las víctimas y de la seguridad jurídica. La iniciativa, remitida el 14 de febrero, reclama explicaciones y documentación sobre los criterios aplicados en estos beneficios penitenciarios.
La carta está firmada por varios dirigentes del Grupo del PPE en el Parlamento Europeo, entre ellos Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos, junto a eurodiputados con experiencia en Interior y víctimas del terrorismo. En el texto, los firmantes plantean que la decisión sobre Aspiazu no puede interpretarse como un caso aislado, sino como parte de una política penitenciaria más amplia que, a su juicio, merece escrutinio a nivel comunitario.
Un patrón que preocupa
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Según los representantes europeos, la semilibertad y otras flexibilizaciones se han aplicado con especial frecuencia a reclusos condenados por terrorismo. Citan cifras recientes que, de confirmarse íntegramente, muestran una aplicación desproporcionada del artículo 100.2 de la legislación penitenciaria desde 2021 a favor de quienes fueron condenados por delitos vinculados a ETA.
Los firmantes subrayan además que, en muchos casos, no consta la existencia de pruebas de colaboración con la justicia ni de muestras explícitas de arrepentimiento, pese a la persistencia de investigaciones abiertas por atentados sin resolver.
Contexto político
En la carta se vincula la combinación de decisiones penitenciarias con un contexto político nacional: los eurodiputados apuntan que el respaldo parlamentario del Ejecutivo central depende en parte de formaciones que, según ellos, exigen la flexibilización del régimen de los presos de la antigua organización armada. Esta circunstancia, dicen, aumenta el riesgo de que las medidas respondan a acuerdos políticos y no únicamente a criterios penales o de reinserción.
Los firmantes reclaman que se garanticen los derechos de las víctimas y la integridad del Estado de Derecho antes de normalizar estas prácticas.
Qué pide el PPE a la Comisión Europea
- Solicitar al Gobierno de España la motivación jurídica y las circunstancias concretas de la concesión de beneficios penitenciarios a Aspiazu.
- Confirmar si existe colaboración con las autoridades judiciales por parte de los beneficiarios y si se ha acreditado un arrepentimiento efectivo.
- Informar sobre medidas adoptadas para proteger los derechos de las víctimas y los mecanismos que permiten que sean oídas durante la ejecución de las penas.
- Evaluar la compatibilidad de estas actuaciones con la Directiva 2012/29/UE y con la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Víctimas (2020-2025).
El escrito remarca una supuesta discrepancia entre la práctica penitenciaria denunciada y las obligaciones europeas de protección frente a la victimización secundaria, citando expresamente artículos de la directiva comunitaria que requieren salvaguardas específicas para las víctimas.
Fuentes parlamentarias insisten en la necesidad de transparencia: denuncian que las víctimas no han sido informadas, ni escuchadas, ni disponen de recursos efectivos durante la fase de ejecución de las penas, lo que, según los firmantes, representa una laguna procesal y de derechos.
Posibles consecuencias
La petición al comisario de Justicia encierra varias implicaciones prácticas: si la Comisión considera que existen indicios de incumplimiento de normas europeas sobre la protección de las víctimas o del Estado de Derecho, puede solicitar información adicional al Ejecutivo español y, en su caso, estudiar medidas administrativas o procedimientos de infracción.
Mientras tanto, en España el asunto reaviva el debate político sobre política penitenciaria, memoria y reparación —y coloca nuevamente en primer plano la tensión entre decisiones de gestión interna y obligaciones comunitarias.
En definitiva, la carta del PPE pretende que Bruselas aclare si las concesiones penitenciarias recientes respetan tanto la normativa interna como las obligaciones europeas en materia de protección a las víctimas y garantías procesales.
