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La jueza que instruye la causa abierta por la dana que el 29 de octubre de 2024 causó la muerte de 230 víctimas en la provincia de Valencia advierte de retrasos importantes: la Conselleria de Justicia ha decidido suprimir, a partir del 30 de junio, cuatro puestos de apoyo en el juzgado, lo que obliga a modificar la forma de documentar las declaraciones y pone en riesgo el ritmo de la investigación.
La decisión afecta al personal que desde marzo de 2025 trabajaba de forma continua en este procedimiento y, según la instructora, dejará al órgano sin los recursos humanos y técnicos necesarios para tramitar con la velocidad y garantías habituales un asunto de gran complejidad.
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Para paliar la pérdida de personal, la jueza ha dispuesto que, desde esa fecha, las grabaciones de las declaraciones de investigados, testigos y peritos se pongan a disposición de las partes sin la transcripción que habitualmente realiza la LAJ. La medida busca proteger la intimidad de las comparecientes ante el elevado número de partes personadas y la imposibilidad de mantener el proceso de transcripción.
- Las declaraciones seguirán grabándose, pero las partes recibirán los archivos de audio o vídeo en lugar de la transcripción literal.
- No se registrarán en el sistema Arconte los ofrecimientos de acciones a perjudicados ni las testificales relacionadas con piezas de fallecimiento y lesiones; en esos casos se notificará a las partes el testimonio del acta.
- Se mantiene la grabación por videoconferencia cuando haya letrados conectados telemáticamente, aunque la disponibilidad técnica del sistema está sobrecargada.
Volumen de trabajo pendiente
Según la magistrada, restan por practicar un número sustancial de diligencias: en concreto, hay pendiente la realización de aproximadamente 109 declaraciones testificales —sin contar otras periciales y ofrecimientos de acciones a perjudicados, que sumarían alrededor de 50— además de la verificación de llamadas, mensajes y vídeos que venía realizando la LAJ.
La jueza subraya que ese equipo de auxiliares llevaba asignado al caso desde el 26 de marzo de 2025 y que su experiencia acumulada facilita el avance de la instrucción; su ausencia, en cambio, reducirá significativamente la capacidad operativa del juzgado.
Motivo administrativo y calendario
La comunicación de la Conselleria señala que los cuatro puestos ocupados por funcionarias adscritas al expediente quedarán suprimidos y que esas trabajadoras deberán disfrutar los días de vacaciones y asuntos propios generados hasta la fecha antes del 30 de junio de 2026. La jueza ha recibido esta resolución y la incorpora como causa de la reorganización procesal.
Además del recorte de plantilla, el tribunal remite la falta de salas y de equipos de Arconte como factores que impedirán mantener el ritmo de citaciones y grabaciones en las mismas condiciones que hasta ahora, especialmente cuando hay conexión telemática continuada de profesionales.
Consecuencias prácticas
En la práctica, la modificación implicará:
- Retrasos previsibles en la finalización de la instrucción.
- Mayor dependencia de las grabaciones originales para la práctica de pruebas y de las partes para su transcripción si la desean.
- Posibles dificultades para coordinar calendario entre los distintos titulares de plaza que comparten la sala de vistas.
La instructora indica que la acumulación de tareas en manos de personal reducido, junto con la carencia de recursos técnicos y de espacios, hará muy difícil evitar una dilatación procesal significativa en las diligencias previas 692/24, la causa abierta por la dana.
La causa sigue abierta y la magistrada ha tomado estas medidas provisionales para compatibilizar la protección de la intimidad de los comparecientes con la viabilidad material del procedimiento; fuentes judiciales recuerdan que cualquier nuevo cambio en la dotación de personal podría obligar a adoptar otras soluciones procesales.
