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Una reciente oleada de alegaciones contra el Plan Rector Lagunas de Ruidera pone el foco en riesgos hídricos y ecológicos que, según expertos y colectivos locales, no se están abordando con la urgencia necesaria. La disputa plantea una pregunta inmediata: sin cambios drásticos en la gestión del agua, ¿pueden recuperarse las Lagunas de Ruidera y su acuífero?
Qué reprochan las organizaciones
La asociación Ojos del Guadiana Vivos y otros observadores han presentado argumentos que señalan carencias técnicas y legales del plan. Su tesis central es que, mientras la presión sobre el acuífero del Alto Guadiana siga sin control, cualquier medida de conservación será insuficiente.
En terreno, eso se traduce en pozos sin revisar, extracciones autorizadas que mantienen niveles bajos en la lámina freática y el nacimiento del Guadiana que permanece intermitente o seco en periodos críticos. Es un problema que combina gestión deficiente y falta de instrumentos de control.
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Contaminación difusa: los nitratos como amenaza
Otra crítica recurrente apunta a la ausencia de límites efectivos sobre fertilizantes agrícolas. Los nitratos, procedentes de prácticas agrícolas intensivas, siguen detectándose en niveles que comprometen la calidad del agua y limitan la capacidad de recuperación del ecosistema lacustre.
Sin normas claras y mecanismos de inspección que reduzcan los vertidos difusos, los avances en restauración ecológica se verán reducidos o condicionados a soluciones costosas y menos sostenibles.
Turismo y presión recreativa
Las actividades recreativas —baño, embarcaciones y tránsito masivo en zonas sensibles— siguen sin una regulación ajustada a la capacidad real del parque. El efecto acumulado del uso humano amplifica la fragilidad de estructuras clave, como las formaciones de toba, que sostienen el sistema lagunar.
Las organizaciones reclaman un control más estricto del uso público en puntos críticos, con medidas puntuales que protejan áreas de recarga y sectores geológicos vulnerables.
Faltan indicadores para tomar decisiones
El plan carece, según las alegaciones, de un cuadro robusto de indicadores que permita medir la evolución del sistema. Sin parámetros fiables —caudales ecológicos, niveles piezométricos, concentración de contaminantes— las decisiones quedan a la voluntad política más que a la evidencia científica.
La ausencia de esos indicadores impide además activar medidas correctoras automáticas o escalonadas y dificulta la comunicación transparente con la ciudadanía sobre el estado real del parque.
Medidas propuestas por los colectivos
- Revisión y ajuste de concesiones de agua, con reducción progresiva de extracciones sobre el Alto Guadiana.
- Implantación de telecontrol en captaciones para garantizar seguimiento en tiempo real del consumo.
- Protección y restauración de zonas de recarga, incluyendo vigilancia geológica de las formaciones de toba.
- Establecimiento de límites al uso de fertilizantes y un plan de supervisión para vertidos difusos.
- Normas de uso público que calibren actividades recreativas según la capacidad ecológica del parque.
- Desarrollo de un tablero de indicadores públicos que incluya caudales ecológicos, niveles del acuífero y parámetros de calidad del agua.
Estas propuestas buscan, en conjunto, reconectar la gestión del parque con objetivos medibles de recuperación. No se trata solo de reducir presiones, sino de introducir instrumentos técnicos que permitan verificar resultados.
Consecuencias prácticas para la región
Si no se actúa, las implicaciones van más allá del valor ambiental: el deterioro del acuífero afecta al suministro agrícola y urbano, reduce el atractivo turístico de la zona y eleva el coste de futuras intervenciones de restauración. En cambio, una estrategia dirigida y basada en datos puede mejorar la resiliencia del sistema y sostener economías locales vinculadas al parque.
En las próximas semanas se espera una respuesta formal de la administración competente a las alegaciones. Ese pronunciamiento será clave para saber si el plan se revisa en profundidad o si las medidas planteadas hasta ahora permanecerán como intervenciones parciales.
Mientras tanto, la discusión pública subraya una realidad: la recuperación de las Lagunas de Ruidera depende en gran medida de decisiones concretas sobre la gestión del agua y del compromiso real para frenar la sobreexplotación y la contaminación. La decisión no es solo técnica, es política y tiene efectos tangibles para la región.
