En Madrid, al cumplirse un año del gran apagón que dejó a una parte importante de España sin electricidad, Vox ha exigido responsabilidades y ha pedido que el episodio sea investigado hasta sus últimas consecuencias. El partido sostiene que el corte dejó consecuencias graves —entre ellas, cinco fallecimientos vinculados al corte del suministro— y reclama cambios en la política energética.
En una comparecencia en la sede de Vox, José Antonio Fúster, portavoz del Comité de Acción Política, reclamó que se esclarezcan las causas y apuntó directamente al Ejecutivo nacional. Según Fúster, la falta de respuestas públicas y judiciales es inaceptable y el asunto debe esclarecerse «hasta el final».
El dirigente subrayó que el apagón de abril de 2025 no solo afectó a millones de hogares, sino que también dañó la imagen exterior de España y puso en evidencia riesgos para personas dependientes de equipos médicos eléctricos. Afirmó que, ante esa realidad, es imprescindible iniciar procedimientos que determinen responsabilidades administrativas y penales si procede.
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Además de pedir explicaciones, Vox volvió a plantear una revisión de la estrategia energética del país. Fúster defendió una hoja de ruta que priorice la seguridad del suministro y la soberanía energética, y mostró su rechazo a cierres de centrales tanto nucleares como térmicas que, a su juicio, reducirían la capacidad de respuesta ante fallos del sistema.
- Demandas de Vox: veracidad en la información, investigación independiente, sanciones si hay negligencias y medidas para evitar nuevas caídas del suministro.
- Propuestas técnicas: mantener abiertas instalaciones nucleares y térmicas consideradas críticas; reforzar reservas y redes para garantizar continuidad.
- Impacto social: atención prioritaria a pacientes vulnerables y protocolos para hospitales y servicios esenciales en situaciones de fallo masivo.
Qué está en juego
El debate va más allá de la atribución de culpas: incide directamente en decisiones sobre inversiones, normativa de redes y la planificación de la transición energética. Para los ciudadanos la discusión se traduce en seguridad doméstica y costes de la energía; para las empresas, en fiabilidad del sistema y confianza inversora.
Fuentes del partido señalan que impulsarán iniciativas parlamentarias y judiciales para que se depuren responsabilidades. No obstante, no ofrecieron detalles sobre plazos concretos ni sobre qué organismos independientes pedirían para la investigación.
El caso sigue abierto en la agenda política: mientras algunos partidos reclaman informes técnicos y auditorías externas, la oposición ya utiliza el aniversario del apagón como argumento para presionar por cambios normativos. En paralelo, expertos en redes eléctricas recuerdan que la prevención requiere inversiones y planificación de largo plazo, no solo reacciones puntuales tras episodios críticos.
