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El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley para retirar la obligatoriedad de reservar cita previa en trámites con la Administración General del Estado, buscando que la atención presencial sea efectiva tanto con cita como sin ella. La iniciativa, registrada para su debate en el Pleno del Congreso, llega en un momento en que las demoras en las agendas y la falta de acceso digital afectan a trámites sensibles y a colectivos vulnerables.
Qué pide el PP y por qué
El texto, impulsado por el grupo parlamentario de Alberto Núñez Feijóo, reclama que la atención al público recupere su carácter accesible y no dependa exclusivamente de un sistema de citas. Señala que la legislación administrativa reconoce el derecho de la ciudadanía a elegir entre la relación presencial o electrónica con las administraciones, y pone el foco en evitar que la reserva de turno se convierta en un requisito excluyente.
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Cita previa obligatoria: El PP pide eliminarla y garantizar la atención presencial
Los populares parten de una premisa compartida: desde la pandemia la cita previa ha servido para ordenar servicios, pero no puede transformarse en una barrera. En la exposición de motivos advierten sobre oficinas en las que conseguir turno es muy difícil o los plazos de espera son tan extensos que ponen en riesgo derechos por vencimiento de plazos administrativos.
Problemas detectados
Entre las dificultades que señala la proposición figuran la falta de plazas disponibles en los portales de cita, esperas prolongadas y la consecuencia práctica de que algunos ciudadanos no completen trámites dentro de los plazos legales. Esto, según el PP, genera inseguridad jurídica y perjuicios especialmente graves para personas con menor manejo de las herramientas digitales.
El partido subraya además la desigualdad territorial y generacional: mientras unos usuarios gestionan fácilmente trámites en línea, otros —como muchos mayores— sufren la brecha digital y necesitan atención presencial inmediata.
Medidas que propone el texto
- Eliminar la obligatoriedad de la cita previa como único requisito para ser atendido en oficinas de la Administración General del Estado.
- Garantizar atención presencial directa a cualquier ciudadano que la solicite, con o sin reserva.
- Adoptar medidas organizativas para compatibilizar la atención presencial, la telemática y la cita como sistema voluntario.
- Priorizar recursos y canales de información para facilitar el acceso a personas con limitaciones digitales o necesidades urgentes.
Impacto real y pasos siguientes
Si el Pleno apoya la iniciativa, el Gobierno quedaría instado a modificar la práctica administrativa para reforzar la atención presencial. En la práctica, eso implicaría revisar horarios de atención, redistribuir personal en oficinas, y garantizar alternativas para trámites urgentes que hoy dependen de largos plazos de cita.
La propuesta no elimina la cita como herramienta de gestión, según los propios proponentes; pretende devolverle su carácter voluntario y complementario. En próximos días, el asunto se debatirá en el Congreso, donde los grupos podrán aceptar, matizar o rechazar las propuestas y plantear ajustes operativos o normativos.
La discusión abre además una cuestión más amplia: cómo conciliar la modernización digital de la Administración con el derecho real de la ciudadanía a ser atendida sin trabas, especialmente en situaciones en las que el tiempo es determinante.
