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El juicio por la llamada Operación Kitchen entra en su octava semana con los dos primeros imputados en declarar: el exministro del Interior y su ex número dos aseguran que no ordenaron espiar a Luis Bárcenas ni tuvieron inquietud por los discos duros que, según la investigación, contenían la contabilidad paralela del PP. Las versiones discrepan en puntos clave sobre quién sabía qué y cuándo, con implicaciones directas para la fiscalía y la credibilidad institucional.
El proceso se celebra en la Audiencia Nacional y se centra en la supuesta utilización de recursos policiales para sustraer información comprometedora y frenar la investigación sobre la caja B del partido. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que, de imponerse, serían de larga duración para los acusados.
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Ante el tribunal, tanto el exministro como su exsecretario de Estado rechazaron haber dado instrucciones para espiar al extesorero. Ambos negaron también haber recibido quejas internas del partido relativas al contenido de los discos duros de Bárcenas.
Los acusados mantienen una versión coincidente en lo esencial: no habrían promovido ni conocido directamente ninguna operación de ese tipo desde sus cargos. Esa postura choca con parte del material incorporado a la causa y con distintos testimonios y grabaciones de la investigación.
Discrepancias sobre el conocimiento del chófer
Una de las diferencias más relevantes entre ambos declarantes gira en torno a Sergio Ríos, el conductor de Bárcenas que, según la Fiscalía, llegó a colaborar con la investigación. El exministro dijo no haber tenido constancia de la colaboración hasta que lo supo por la prensa tiempo después.
En cambio, su antiguo número dos relató que, en 2013, el propio exministro le preguntó si sabía algo sobre la existencia de un colaborador próximo a la familia de Bárcenas. Esa contradicción pone foco en las lagunas temporales sobre quién estaba informado dentro del Ministerio.
Mensajes técnicos y el volcado de dispositivos
Los investigadores atribuyen al entorno del exministro mensajes fechados en octubre de 2013 en los que se comunicaba el “éxito” de un volcado de teléfonos y una tableta pertenecientes a Bárcenas, además de apuntar a material que supuestamente habría pasado por manos de sus abogados.
El exministro negó haber sido autor de esos textos, argumentando que no tenía conocimiento de los hechos en el periodo en que se enviaron. Un perito que analizó el supuesto mensaje advirtió de posibles indicios de manipulación en su cadena de custodia y contenido.
- Quién ordenó: Ambos niegan haber dado instrucciones de espionaje.
- Conocimiento: Divergencia sobre si se sabía de la colaboración del chófer en 2013.
- Mensajería: Existe un texto fechado en octubre de 2013 que vincula el volcado de dispositivos; su autenticidad está discutida.
- Responsabilidad policial: Se investiga la participación de mandos y agentes de unidades especiales.
Audios, nombres borrados y las grabaciones de Villarejo
La causa también incorpora grabaciones en las que aparece el comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien relató supuestas gestiones para retirar menciones a altos cargos —entre ellos, el expresidente Mariano Rajoy y la entonces secretaria general María Dolores de Cospedal— de informes policiales sobre la contabilidad paralela.
Los acusados rechazaron haber ordenado presiones a investigadores como Manuel Morocho para que suprimieran esos nombres. En los audios, Villarejo describe además cómo captó al chófer como fuente, al que habría ofrecido un pago mensual por información; esa versión constituye una de las piezas del puzzle que el tribunal debe valorar.
Esta semana concluyó la fase de prueba documental, y los magistrados avanzan ahora en la valoración de testimonios y peritajes que determinarán si existen indicios suficientes para condenas más severas.
Por su alcance, el juicio no solo decidirá responsabilidades penales individuales: plantea preguntas sobre el uso de recursos públicos, la separación de poderes y la transparencia en la acción policial. La resolución permitirá aclarar si hubo una maniobra organizada para proteger a dirigentes políticos y entorpecer la investigación de la trama Gürtel.
