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El PP ha registrado este jueves una moción que reclama la dimisión en bloque del Gobierno y, si el presidente no convoca elecciones, que al menos valore plantear una cuestión de confianza. La iniciativa reactiva la tensión política en el Congreso y sitúa de nuevo a la Mesa de la Cámara ante la decisión de admitir o rechazar el texto.
La propuesta parte de la interpelación que el grupo popular dirigió esta semana al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y retoma fórmulas ya empleadas en iniciativas previas presentadas por otros grupos. El PP busca ahora que el Pleno vote de manera explícita sobre la pérdida de apoyo al Ejecutivo y las consecuencias que, a su juicio, ello debería acarrear.
Qué incluye la moción
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En líneas generales, el escrito presentado contiene tres demandas concretas, que el PP eleva al pleno del Congreso:
- Reconocimiento formal de la supuesta pérdida de confianza en el Gobierno por la acumulación de casos y la falta de Presupuestos.
- La exigencia de la dimisión en bloque del Ejecutivo y la convocatoria inmediata de elecciones generales.
- Alternativa: que, si el presidente no convoca los comicios, considere plantear una cuestión de confianza según las prerrogativas constitucionales.
Se trata del mismo planteamiento —en redacción muy similar— que otras formaciones políticas han llevado anteriormente al registro del Congreso, como Junts y Vox, y que en ocasiones anteriores superó el filtro de la Mesa.
Reacciones y procedimiento
El pasado martes, la Mesa del Congreso, con el apoyo del PSOE y de Sumar, rechazó someter a votación en el Pleno enmiendas del PP y de Junts que pedían la convocatoria electoral. Los dos partidos del Gobierno defendieron entonces que la decisión de disolver las Cortes o plantear una cuestión de confianza corresponde al presidente del Ejecutivo, y que no procede que el órgano parlamentario dirija instrucciones sobre prerrogativas exclusivas del jefe del Gobierno.
El PP ha anunciado que llevará esa decisión ante el Tribunal Constitucional, al entender que el veto vulnera el derecho de los grupos a llevar iniciativas al Pleno. Ahora será la Mesa la que tenga que decidir si admite a trámite la nueva moción registrada.
La admisión o el archivo del texto marcará los próximos pasos: si prospera, se abrirá un debate público en la Cámara; si se rechaza, aumentará la guerra jurídica sobre la potestad de la Mesa y el alcance de las prerrogativas del presidente.
Por qué importa hoy
La iniciativa llega en un momento de alta sensibilidad política. Un pronunciamiento del Congreso sobre la confianza en el Gobierno condiciona la agenda parlamentaria, puede tensionar la estabilidad de la coalición y afectar decisiones claves como la negociación de cuentas públicas. Además, la posibilidad de acudir al Constitucional añade una dimensión judicial a un conflicto institucional ya en curso.
En las próximas semanas habrá que seguir tres hitos: la decisión de la Mesa sobre la admisión, la eventual votación en el Pleno y la posible impugnación ante el Tribunal Constitucional. Cada uno de ellos definirá si la crisis se dirime en el terreno político o se traslada al jurídico.
