En la clausura de las XXI Jornadas de presidentes y presidentas de Tribunales de Justicia celebradas en Zaragoza, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, reclamó protección para los magistrados frente a presiones externas y campañas de desprestigio. Su mensaje subraya por qué este debate importa ahora: la capacidad del sistema judicial para garantizar derechos y controlar al poder público está en juego.
Perelló defendió una actuación judicial marcada por la prudencia y el respeto institucional, y rechazó que el órgano que representa a los jueces participe en confrontaciones estériles que no aportan a la sociedad. Insistió en que el Poder Judicial mantendrá una línea firme, pero alejada de descalificaciones hacia otras instituciones.
Independencia como garantía pública
La presidenta recordó que la independencia judicial no es una reivindicación corporativa sino una salvaguarda para la ciudadanía: asegura que los derechos se protejan conforme al ordenamiento jurídico. Para Perelló, esa independencia se expresa a través de la autonomía de criterio de los jueces y su aplicación estricta de la ley.
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En su intervención destacó además el apoyo explícito a los magistrados sometidos a presiones de distinta naturaleza, conductas que, según ella, no corresponden a sociedades democráticas avanzadas ni respetan el deber de lealtad institucional recogido en la Constitución.
Al mismo tiempo, señaló que la función jurisdiccional se ejerce con imparcialidad, motivación y responsabilidad: muchos jueces realizan su labor lejos del ruido público, resolviendo cada día los conflictos que surgen en la vida social y económica.
Perelló insistió en que la democracia no se agota en el resultado de las urnas. El voto decide quién accede al poder, pero no legitima cualquier actuación ni exime del cumplimiento de la ley; la legitimidad de ejercicio se verifica en el respeto diario al Derecho, y en ese control deben intervenir los tribunales.
- Para la ciudadanía: un poder judicial independiente garantiza que cualquier persona, sea cuál sea su condición, encuentre una resolución conforme a la ley.
- Para los representantes públicos: el respaldo electoral habilita para gobernar, pero las decisiones quedan sujetas a revisión jurídica.
- Para el sistema democrático: la imparcialidad judicial protege derechos y refuerza la confianza en las instituciones.
Perelló recordó también la dimensión europea de la carrera judicial española: los magistrados ejercen en el marco de estándares compartidos y contribuyen al cumplimiento de valores constitucionales y del Derecho comunitario.
En su cierre, resumió la idea central: la fuerza de la democracia reside tanto en las urnas como en que, en cualquier momento, exista un juez independiente capaz de aplicar la ley con objetividad. Esa doble garantía, concluyó, es esencial para la convivencia y el Estado de Derecho.
