El Senado tumbó este miércoles dos iniciativas de ERC y Junts que reclamaban la transferencia inmediata de Rodalies a la Generalitat y medidas urgentes para paliar la crisis ferroviaria en Cataluña. La votación evidencia que, de momento, el control del servicio seguirá en manos del Estado, con implicaciones directas para los usuarios y la tensión política entre Madrid y el Govern.
La mayoría formada por PP, PSOE, Vox y UPN rechazó ambas mociones, aunque la votación tuvo matices: ERC se abstuvo en la propuesta de Junts, y Junts votó en contra de la iniciativa presentada por los republicanos. Ese reparto deja claro el bloqueo parlamentario a cualquier cambio exprés.
En su texto, ERC pedía acelerar el traspaso total de competencias de Rodalies a la Generalitat y exigía transparencia inmediata sobre las inversiones ejecutadas en Rodalies y servicios regionales desde 2019. Reclamaba además la publicación detallada de obras realizadas y previstas desde 2018, con sus recursos, plazos y mecanismos de supervisión técnica aplicados por Adif.
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Por último, los republicanos solicitaron que el Estado costease de forma íntegra un refuerzo del transporte alternativo por carretera cuando se produzcan incidencias ferroviarias, y reclamaron la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la gestión de la crisis.
La posición de Junts
Junts, por su parte, presentó una propuesta orientada a impedir que Renfe siga condicionando la prestación del servicio tras el traspaso. El partido defendió que la Generalitat reciba la competencia completa —incluyendo infraestructura, material rodante y plantilla— para que pueda designar el operador que considere oportuno sin obligarse a mantener a Renfe como proveedor.
También exigieron que se acompañe la transferencia con todos los recursos económicos y materiales necesarios y pidieron una auditoría independiente sobre el estado de la red y del parque móvil.
- Demandas comunes: traspaso integral de competencias, auditoría del estado de la infraestructura y publicación de la ejecución de inversiones.
- ERC: informe público en tres meses, refuerzo por carretera costeado por el Estado y dimisión del ministro.
- Junts: garantizar que la Generalitat pueda elegir operador distinto a Renfe y transferencia de recursos humanos y materiales.
- Resultado: iniciativas rechazadas; división de votos entre los grupos y abstenciones puntuales.
La votación deja varios efectos prácticos. A corto plazo, no habrá traspaso inmediato ni cambios de operador; la gestión seguirá estando regulada por los acuerdos vigentes entre Ministerio, Renfe y Adif. Para miles de viajeros diarios en Cataluña, esto significa que las demandas de mayor control autonómico y de soluciones adicionales al servicio no prosperaron en esta sesión.
Políticamente, el rechazo refleja la fragmentación del conflicto: mientras los grupos independentistas presionan por más competencias y control directo, la mayoría parlamentaria respalda mantener el esquema actual, al menos por ahora. El choque también mantiene viva la reclamación sobre la transparencia en la ejecución de inversiones y la supervisión técnica de las obras ferroviarias.
Fuentes parlamentarias consultadas en el hemiciclo prevén que la polémica continúe en próximas iniciativas y que el Govern persista en sus reclamaciones por vías administrativas y políticas, aunque la vía rápida en el Senado ha quedado cerrada tras esta votación.
En juego está no solo la competencia institucional, sino el día a día de los usuarios de cercanías y regionales, la asignación de recursos públicos y la responsabilidad sobre el mantenimiento de la red, asuntos que seguirán marcando la agenda entre Cataluña y el Ejecutivo central.
