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Una nueva alianza entre organizaciones profesionales y de consumidores busca frenar la proliferación de mensajes engañosos sobre servicios legales que están poniendo en riesgo los derechos de usuarios en situaciones delicadas. El acuerdo pretende ofrecer información fiable y herramientas prácticas para que la ciudadanía distinga entre asesoramiento profesional y publicidad potencialmente fraudulenta.
En Madrid, el 6 de julio, el Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación Española de Consumidores (Asescon) rubricaron un convenio de colaboración destinado a combatir la desinformación vinculada a los servicios jurídicos y a proteger a quienes contratan asesoría legal.
Qué incluye el acuerdo
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La alianza articula medidas de comunicación y vigilancia con el objetivo de reducir la circulación de mensajes que inducen a error. Entre las acciones previstas destacan:
- Campañas públicas informativas para clarificar derechos y advertir sobre prácticas engañosas.
- Jornadas y actividades divulgativas dirigidas a consumidores y profesionales.
- Programas de sensibilización para identificar y denunciar la publicidad engañosa en plataformas y operadores.
- Coordinación para detectar casos de posible intrusismo profesional y falta de garantías en la prestación de servicios jurídicos.
Por qué importa ahora
En los últimos años ha crecido la oferta digital de “servicios legales” y anuncios que prometen resultados rápidos o soluciones automáticas. Ese discurso, además de ser impreciso, puede llevar a decisiones que afectan derechos fundamentales: desde la reestructuración de deudas hasta procesos de familia o desahucios.
Las personas en situación de vulnerabilidad —aquellas que buscan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, afrontan un desahucio o necesitan orientación en procedimientos familiares— son las más expuestas a mensajes que garantizan resultados o que aparentan respaldo profesional cuando no lo hay.
Riesgos detectados
Los problemas más recurrentes identificados por la Abogacía y Asescon incluyen:
- Promesas de éxito asegurado o soluciones inmediatas sin base legal.
- Representaciones confusas que hacen creer al consumidor que está siendo asesorado por un abogado colegiado cuando no es así.
- Omisión de condiciones esenciales del servicio o generación de una falsa sensación de urgencia.
Estas prácticas no solo suponen una mala experiencia para el usuario, sino que pueden derivar en la contratación de servicios sin las garantías profesionales que aporta la colegiación, ni el respaldo del Código Deontológico aplicable a la profesión.
Consejos prácticos para usuarios
Antes de contratar asesoría legal conviene comprobar algunos aspectos básicos que reducen el riesgo de fraude:
- Verificar si el profesional está colegiado y pedir su número de colegiación.
- Solicitar un presupuesto por escrito y condiciones claras de prestación del servicio.
- Desconfiar de ofertas que garantizan resultados o que presionan con plazos imposibles.
- Consultar opiniones y, ante dudas, pedir una segunda opinión profesional.
Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, subrayó que el acceso a la justicia comienza en el momento en que una persona busca orientación y que la información errónea puede erosionar derechos desde ese primer paso. Por ello, la colaboración con Asescon pretende dotar a los consumidores de recursos para identificar información rigurosa frente a la desinformación.
El convenio amplía las acciones que ya venían desarrollando ambas entidades y abre la puerta a iniciativas conjuntas destinadas a fortalecer la protección del usuario y a mejorar la transparencia en la oferta de servicios jurídicos.
