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En una entrevista este 14 de febrero en RNE, Enrique Santiago, portavoz de Interior de Sumar en el Congreso, advirtió sobre el impacto de la aprobación de la ley de multirreincidencia impulsada por Junts y respaldada por el PSOE junto a formaciones de la derecha y la ultraderecha. Santiago dijo que la norma corre el riesgo de priorizar castigos penales sobre respuestas sociales y de agravar problemas estructurales ya existentes.
El representante de Sumar calificó la reforma como una respuesta equivocada: a su juicio, endurecer las penas para pequeños hurtos —con sanciones que pueden llegar hasta tres años de prisión en casos como el robo de un teléfono móvil— no soluciona las raíces del problema y provoca efectos secundarios adversos.
Consecuencias prácticas: prisiones y tribunales bajo presión
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Según Santiago, la nueva regulación tiene efectos operativos claros. Al aumentar las penas y complicar los procedimientos, se prevé:
- Mayor ocupación en las cárceles, especialmente entre personas en situación de exclusión social.
- Colapso de los ya saturados Juzgados de lo Penal, al prolongarse los juicios y complejizarse los procesos.
- Desvío de recursos públicos: más gasto en reclusión en lugar de invertir en medidas de reinserción y formación.
El portavoz recalcó que la pena propuesta para hurtos menores llega a equipararse con la prevista para delitos económicos complejos, lo que, en su opinión, contradice criterios de proporcionalidad y gravedad delictiva.
Lecciones de reformas anteriores
Santiago recordó dos experiencias recientes que, según él, ilustran trayectorias distintas. La reforma impulsada por el Gobierno del PP en 2015, que endureció penas, acabó incrementando la población penitenciaria. En contraste, una modificación aprobada en 2022 por el Gobierno de coalición combinó sanciones con políticas sociales y, según el portavoz, se asoció a una caída de ciertos delitos patrimoniales.
En datos citados por Santiago, en 2024 hubo una reducción del 4% en delitos contra el patrimonio y un descenso de los hurtos cercano al 2% tras enfoques mixtos que incluyeron medidas sociales.
Riesgos políticos y discurso público
Más allá del debate técnico-penal, la polémica tiene una dimensión política. Santiago expresó su preocupación por la convergencia entre el PSOE y posiciones que, a su juicio, reproducen narrativas de la ultraderecha: magnificar la inseguridad y atribuirla a factores simplistas como la presencia de extranjeros.
Advirtió que cuando se sobredimensiona un problema sin proponer respuestas ajustadas, se alimenta la percepción de que la única salida es la dureza punitiva, lo que, en su opinión, favorece el crecimiento electoral de extremos políticos.
El diputado puso el foco en la posibilidad de que este alineamiento derive en acuerdos más amplios entre PSOE y PP, un giro que él vincula con la posibilidad de volver a políticas económicas y sociales de corte neoliberal.
Un ejemplo local: la oficina antiokupación en Córdoba
Como muestra de medidas que, a su juicio, generan más ruido que resultados, Santiago citó la reciente creación de una oficina antiokupación en Córdoba. Según señaló, esa oficina no registró denuncias y solo sirvió para que empresas privadas del sector de alarmas obtuvieran contratos.
Para él, este tipo de iniciativas ilustran un patrón: políticas visibles frente a soluciones integrales, con escasa atención a la prevención y a la reinserción.
Qué pide Sumar
El partido reclama priorizar intervenciones sociales y programas de resocialización antes que endurecimientos penales generalizados. Santiago insistió en la necesidad de conjugar medidas judiciales con inversión en formación profesional, vivienda y apoyo social para evitar que la respuesta al delito sea, sobre todo, llenar prisiones.
- Prevención: programas formativos y empleo para reducir la reincidencia.
- Proporcionalidad: ajustar sanciones según la gravedad real de las conductas.
- Agilidad judicial: simplificar procedimientos para no colapsar los tribunales.
En su intervención, Santiago pidió al PSOE que no sucumba a presiones políticas ni culturales que, según él, empujan hacia medidas de mano dura poco eficaces. La discusión sobre la ley de multirreincidencia abre así un debate más amplio sobre cómo equilibrar seguridad, justicia y políticas sociales en plena controversia parlamentaria.
