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- Una pérdida que tiene consecuencias prácticas
- Factores que empujan el deterioro
- Doñana como ejemplo de riesgo sistémico
- Los planes públicos: avances limitados
- Qué debería incluir con urgencia el Plan Nacional de Restauración
- Proyectos que demuestran que es posible
- Una cuestión de política pública y justicia ambiental
En el Día Mundial de los Humedales vuelve a ponerse en evidencia que estas zonas siguen perdiendo capacidad de recuperación frente a la presión humana. La degradación activa —desde la sobreexplotación del agua hasta la expansión de la agricultura intensiva— tiene hoy efectos inmediatos sobre el empleo local, la seguridad hídrica y la resiliencia ante el cambio climático.
La crisis no es nueva, pero sí urgente: gobiernos y administraciones siguen anunciando planes que avanzan con lentitud, mientras que los humedales continúan perdiendo superficie y funcionalidad ecológica.
Una pérdida que tiene consecuencias prácticas
Los humedales actúan como esponjas frente a inundaciones, filtros naturales del agua y hábitats para miles de especies. Cuando se destruyen, se rompe también la base económica de muchas zonas rurales y costeras.
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Las cifras de organizaciones internacionales son contundentes: desde la era preindustrial se ha perdido una proporción muy elevada de estos ecosistemas y buena parte de esa merma se concentró en el siglo XX. En España, los inventarios oficiales indican que una gran parte del patrimonio húmedo original desapareció en la segunda mitad del siglo pasado, principalmente por su transformación para usos agrícolas e infraestructurales.
Factores que empujan el deterioro
La desaparición y el deterioro de los humedales no obedecen a un único factor. Entre los elementos que más presión ejercen sobre ellos se repiten:
- Sobreexplotación de acuíferos para riego y usos privados.
- Expansión de la agroindustria intensiva, con demanda continua de agua y agroquímicos.
- Contaminación difusa ligada a la agricultura y a vertidos urbanos no controlados.
- Especulación urbanística y cambios en la tenencia del suelo que dificultan su recuperación.
Estas presiones suelen combinarse y amplificarse cuando faltan controles administrativos o cuando la gestión del agua prioriza intereses particulares sobre el bien común.
Doñana como ejemplo de riesgo sistémico
Algunos humedales emblemáticos muestran hasta qué punto la situación puede llegar a ser crítica. En zonas como Doñana, el desequilibrio entre extracciones de agua, agricultura intensiva y medidas de protección ambiental ha colocado al ecosistema en una situación de extrema vulnerabilidad.
La falta de una fiscalización efectiva de los usos del agua, sumada a la paralización de proyectos de restauración hidráulica y la demora en acciones administrativas clave, ha dejado importantes áreas naturales en un limbo que impide su recuperación integral.
Los planes públicos: avances limitados
El Estado aprobó un plan estratégico que fija metas hasta 2030, pero organizaciones ambientales y sociales critican su ejecución. Muchas medidas esenciales —como la actualización del inventario nacional o la delimitación clara del dominio público hidráulico— siguen pendientes o se han desplegado de forma parcial.
Cuando las actuaciones se realizan, a menudo resultan insuficientes porque no atacan las causas estructurales: control real de extracciones, regulación del uso del suelo y reducción de las presiones agrícolas en zonas críticas.
Qué debería incluir con urgencia el Plan Nacional de Restauración
Mientras se define el Plan Nacional impulsado por el marco europeo de restauración de la naturaleza, coaliciones de ONG y sindicatos piden un rumbo más ambicioso. Entre las prioridades que proponen se encuentran medidas concretas y verificables:
- Actualizar y completar el Inventario Nacional de Zonas Húmedas para identificar prioridades de actuación.
- Delimitar y proteger el dominio público hidráulico, cerrando vacíos legales que permitan la desecación.
- Priorizar proyectos de restauración con criterios científicos y de impacto social.
- Reducir la presión de la agricultura y ganadería intensivas en las áreas de influencia de los humedales.
- Crear empleo verde vinculado a la restauración para garantizar resultados sostenibles y comunidades locales activas en su protección.
Estas acciones, combinadas, pueden convertir la restauración en una política pública que también genere oportunidades económicas y mejore la calidad de vida en territorios afectados.
Proyectos que demuestran que es posible
No todo es pérdida irreversible. Intervenciones recientes en distintos puntos del país muestran que la recuperación puede funcionar cuando se eliminan presiones y se recupera la dinámica hídrica natural.
En algunos casos costeros y en humedales desecados, la retirada de infraestructuras y la reactivación de flujos han permitido que vuelvan especies, que mejore la calidad del agua y que se recupere parte de la memoria colectiva ligada al paisaje.
Una cuestión de política pública y justicia ambiental
Restaurar humedales no es solo un objetivo ecológico: es una decisión política con consecuencias sociales. Devolver agua a estos sistemas implica limitar prácticas que han generado beneficios privados a costa de costes ambientales y comunitarios externalizados.
Una estrategia de restauración con enfoque de justicia ambiental debe combinar protección legal efectiva, inversión pública orientada a resultados y medidas que aseguren empleo digno en las zonas afectadas. Solo así se evita que la recuperación se quede en actuaciones simbólicas o en una oportunidad perdida para la resiliencia territorial.
El reto es claro: transformar compromisos y planes en acciones ambiciosas y coherentes que permitan recuperar funciones ecológicas, proteger el agua y sostener modos de vida. Sin ese cambio, la tendencia de pérdida seguirá marcando el futuro de los humedales y las comunidades que dependen de ellos.
