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El Partido Popular ha puesto en marcha una ofensiva parlamentaria contra la gestión del Ejecutivo en materia de vivienda, pidiendo la reprobación de la ministra Isabel Rodríguez y presentando un paquete con más de 30 medidas. La iniciativa llega en plena crisis de acceso a la vivienda y plantea cambios legales y fiscales con impacto directo en jóvenes, arrendatarios y propietarios.
En declaraciones públicas, dirigentes del PP han defendido que las políticas del Gobierno han agravado la escasez de vivienda y han debilitado la seguridad jurídica, y han anunciado que sus mociones se debatirán la próxima semana tanto en el Congreso como en el Senado.
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El grupo popular ha registrado en la Cámara Alta una moción para reprobar a la titular de Vivienda, que el Senado debatirá en el pleno de los días 17 y 18 de febrero. Entre los argumentos esgrimen que la gestión gubernamental ha sido ineficaz y marcada por un enfoque «ideológico», además de culparla de no haber conseguido consensos legislativos.
La iniciativa senatorial detalla una serie de reproches que incluyen, según el PP, la falta de compromiso con la verdad y la supuesta protección de prácticas vinculadas a la ocupación ilegal de viviendas.
El relato del PP sobre la emergencia habitacional
El texto remitido por el PP insiste en que la vivienda se ha convertido en una «emergencia social» y en que el acceso a un hogar es cada vez menos alcanzable para familias y trabajadores.
Para sostener su diagnóstico el partido aporta varias cifras: comprar una vivienda media de 90 m² costaría hoy más de 167.900 euros; un joven de 22 años necesitaría dedicar prácticamente todo su salario durante cerca de 11 años para comprarla; y, según sus datos, un asalariado joven tendría que destinar el 92,3% de sus ingresos para pagar un alquiler. Además, señalan un aumento del 34,5% en denuncias por allanamiento y usurpación entre 2018 y 2024 y estimaciones que sitúan las viviendas ocupadas en decenas de miles.
Propuestas clave: más de 30 medidas
En el Congreso, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una moción consecuencia de interpelación con un paquete de medidas para «reactivar la oferta» y bajar precios.
- Construcción: impulsar la edificación de un millón de viviendas en cuatro años, mediante acuerdos público-privados.
- Suelo público: poner a disposición del mercado el suelo en manos del Estado para destinarlo al alquiler asequible.
- Fiscalidad: reducir el IVA de la compra de vivienda nueva del 10% al 4% y bonificar o eliminar el IRPF a jóvenes durante los primeros cuatro años laborables.
- Medidas para reforzar la seguridad jurídica de propietarios y arrendatarios frente a la ocupación ilegal.
- Incentivos y instrumentos para facilitar la oferta de vivienda en alquiler y promover la rehabilitación del parque existente.
El PP argumenta que estas actuaciones buscan aumentar la oferta, crear certidumbre jurídica y facilitar el acceso a la vivienda para los ciudadanos que hoy lo encuentran más difícil.
Reacción política y consecuencias prácticas
Portavoces del PP, como Sergio Sayas y Carmen Fúnez, han subrayado que el plan pretende corregir lo que denominan “errores legislativos” que, en su opinión, han favorecido fenómenos como la ocupación y han encarecido el alquiler. En el Senado, la portavoz Alicia García llevará la petición de reprobación al pleno.
Para los ciudadanos, las propuestas suponen posibles cambios fiscales inmediatos (una bajada del IVA) y la promesa de nuevas promociones públicas y privadas. En la práctica, lograr la construcción masiva de viviendas en cuatro años plantea retos de capacidad administrativa, financiación y coordinación entre administraciones.
Lo que importa ahora
La discusión tendrá efectos tangibles: si prosperan, algunas medidas podrían aliviar la presión sobre los precios y modificar incentivos fiscales; si fracasan, la crisis de accesibilidad a la vivienda seguirá siendo un factor de tensión social y político.
El próximo pleno y el debate en el Congreso servirán para calibrar si las propuestas del PP encuentran respaldo suficiente o si el Gobierno consigue mantener su hoja de ruta en vivienda. Para los jóvenes y las familias que hoy no encuentran hogar, las decisiones inmediatas podrían traducirse en descuentos fiscales, más oferta de alquiler o, a la inversa, en una continuidad de la situación actual.
