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La Xunta de Galicia ha abierto el expediente de archivo del proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei tras quedar fuera de la planificación eléctrica estatal, una decisión que reordena las prioridades energéticas y reaviva el debate sobre modelo industrial en la comunidad. Lo que parecía un trámite técnico tiene efectos directos: condiciona la viabilidad del proyecto, plantea riesgos económicos para consumidores y obliga a replantear alternativas de conexión eléctrica.
Qué ha ocurrido y por qué importa
La resolución parte de que, según el Gobierno central, atender la demanda eléctrica prevista por la planta exigiría una **infraestructura dedicada**. Con la instalación fuera del plan nacional 2025-2030, la promotora no puede justificar una conexión a la red —y la Xunta, por tanto, ha iniciado el proceso de archivo del expediente.
Este efecto no es solo administrativo: si se construyese una subestación o líneas específicas sin garantías de que el proyecto se materialice, podrían generarse **activos varados** cuya carga financiera recaería sobre los consumidores.
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La versión del Ministerio y el argumento técnico
El Ministerio para la Transición Ecológica defiende que la nueva planificación eléctrica ampliará la capacidad punta de Galicia de cara a 2030, pero subraya que para demandas del tamaño del proyecto sería necesaria una obra de red exclusiva. Su argumento central es evitar inversiones innecesarias que queden sin uso.
En otras palabras: la administración prioriza una planificación que reduzca el riesgo de infraestructuras sobredimensionadas frente a iniciativas con incertidumbres de ejecución.
Reacción de la empresa promotora
Greenfiber —la sociedad vinculada a Altri que impulsa la planta— ha calificado la exclusión como una decisión de naturaleza «política» y asegura no haber recibido una explicación técnica que la respalde. La compañía afirma que estudiará «diferentes opciones técnicas» para intentar conectar la planta a la red, independientemente de la planificación estatal.
No obstante, la ausencia en el plan complica trámites esenciales, desde permisos hasta la financiación, y aumenta la incertidumbre sobre si la iniciativa prosperará sin apoyo público y sin la infraestructura necesaria.
Voces políticas y sociales
Los partidos de la oposición y plataformas vecinales celebraron el anuncio como una victoria ciudadana. Líderes regionales han atribuido la retirada administrativa a la presión social mantenida y piden que el episodio marque un cambio en la orientación de la política industrial de Galicia.
Desde el lado contrario, representantes del proyecto y algunos sectores empresariales lamentan lo que califican de falta de respaldo institucional. Las plataformas locales, en tanto, insisten en que el debate no debería centrarse únicamente en la conexión eléctrica, sino en el impacto sobre la salud, el medio ambiente y la calidad de vida.
Implicaciones prácticas para la ciudadanía
- Coste energético y fiscal: evitar infraestructuras innecesarias puede ahorrar dinero a los consumidores, pero también condiciona la llegada de proyectos industriales que prometen empleo.
- Planificación territorial: la decisión reabre el debate sobre qué tipo de industria se quiere promover en zonas rurales y cómo compatibilizarla con el entorno.
- Futuro del proyecto: la promotora busca alternativas técnicas, pero sin inclusión en el plan estatal la viabilidad financiera y administrativa se complica.
- Señal política: el episodio obliga a las administraciones a aclarar criterios sobre inversiones energéticas y el papel de la presión social en decisiones de política industrial.
Qué puede pasar ahora
En los próximos meses la empresa podrá presentar recursos o proponer soluciones técnicas para la conexión; la Xunta deberá tramitar el archivo y justificarlo en sede administrativa; y las organizaciones sociales seguirán vigilantes. Si la promotora consigue plantear una alternativa sólida y financiable, podría reabrirse la discusión. Si no, el proyecto podría quedar definitivamente suspendido.
Más allá del caso concreto, la disputa subraya una tensión mayor: cómo conjugar objetivos de desarrollo económico con criterios de planificación energética y protección ambiental en un contexto en el que los costes de las infraestructuras y la opinión pública pesan cada vez más en la decisión pública.
