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Dina Bousselham afirmó en la Audiencia Nacional que sintió miedo y un daño emocional profundo al saber que el material extraído de su móvil robado llegó al domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo; el caso vuelve a poner sobre la mesa riesgos de privacidad y responsabilidad periodística. El juicio, que examina cómo circuló la tarjeta de memoria entre 2015 y 2016, sigue acumulando declaraciones que explican por qué este asunto sigue teniendo repercusiones políticas y legales hoy.
En la tercera sesión del proceso, la exasesora de Podemos explicó con detalle los hechos que rodearon el robo de su teléfono y el posterior uso de su contenido. Relató que el dispositivo fue sustraído en 2015 mientras hacía compras en un Ikea de Alcorcón, después de que ella depositara su abrigo con el móvil y la cartera en un carro. Tras percatarse del hurto, presentó la denuncia en la comisaría local.
El contenido del teléfono y la reacción de la afectada
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Según su testimonio, el terminal guardaba una mezcla de materiales personales y documentos profesionales: fotografías íntimas y familiares, así como informes y material de trabajo relacionado con su tarea como asesora parlamentaria de Pablo Iglesias, entonces eurodiputado.
Cuando comenzaron a aparecer en medios capturas de pantalla procedentes de ese teléfono, Bousselham dijo que reconoció inmediatamente la autoría de esos archivos por detalles como cómo tenía guardados algunos contactos. Esa constatación, añadió, la dejó “traumatizada” y con temor por la seguridad de las imágenes personales: no sabe a día de hoy quiénes pudieron verlas ni dónde siguen circulando.
Lo que el juicio plantea sobre responsabilidades
En la vista está acusado solo Villarejo, mientras que la Fiscalía Anticorrupción solicita que sea condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La petición de pena asciende a cinco años de prisión, además de indemnizaciones: 5.000 euros para Bousselham y 1.000 para Pablo Iglesias.
La declaración identificó claramente al excomisario como el lugar donde, según la acusación, llegó parte de la información del terminal. Para la víctima, el hecho de que esos archivos estuvieran en manos de una persona vinculada a ese entorno fue motivo de alarma por el carácter «peligroso» que atribuye a ese círculo.
Iglesias: por qué tardó en avisar
Pablo Iglesias declaró también en la sala. Relató que un directivo de una empresa de comunicación le mostró carpetas con copias del contenido de la tarjeta vinculada al teléfono de Bousselham, y que ese interlocutor le aseguró que no existían otras copias y que no publicarían el material.
Iglesias dijo haber comprobado que la mayor parte de las imágenes en esas carpetas eran de la exasesora, y que las fotografías suyas eran principalmente de actos públicos y tareas parlamentarias. Explicó que demoró la comunicación a Bousselham porque creyó que conocer la existencia de esas copias sería «demasiado duro» para ella; reconoció que su actitud pudo ser «paternalista» y que finalmente habló con ella cuando tuvo claro que no se trataba de la única copia.
Lo esencial del caso en un vistazo
- Hecho: robo del móvil en 2015 en Alcorcón; recuperación del dispositivo en verano de 2016.
- Contenido: fotos íntimas y familiares, documentación laboral y datos bancarios vinculados a Iglesias.
- Acusado: José Manuel Villarejo, único procesado en este juicio.
- Peticiones: Fiscalía solicita 5 años de prisión y compensaciones económicas a las víctimas.
- Repercusiones: debate sobre la protección de la intimidad, el papel de los intermediarios y la responsabilidad de los medios.
El testimonio de Bousselham subraya no solo el daño personal —la sensación de invasión y la incertidumbre sobre la difusión de imágenes—, sino también el impacto público: su nombre sigue vinculado en buscadores con el episodio, algo que, dijo, ha afectado su reputación.
¿Por qué sigue siendo relevante?
Este juicio combina elementos penales, mediáticos y políticos: cuestiona prácticas de obtención y difusión de información por parte de fuentes con acceso a datos privados, y plantea dudas sobre el control de copias y la cadena de custodia de material extraído de dispositivos robados. Además, coloca en el centro la responsabilidad de quienes saben de la existencia de ese material y no lo comunican de inmediato a las víctimas.
Más allá de las penas, las declaraciones ponen en discusión dos ejes: la protección de la intimidad frente a la circulación ilegal de datos y la ética de quienes, desde los medios o como intermediarios, deciden publicar o retener ese contenido. La Audiencia Nacional continúa su instrucción y las próximas sesiones serán claves para determinar responsabilidades y posibles indemnizaciones.
