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El decreto anticrisis aprobado este viernes por el Gobierno reduce los impuestos sobre la energía con el objetivo de aliviar el impacto económico de la guerra en Irán, pero la coalición abertzale Bildu cuestiona su eficacia y advierte que la medida puede beneficiar principalmente a las grandes empresas energéticas. La controversia plantea una pregunta clave para los hogares: ¿estas rebajas llegarán realmente a bajar las facturas o solo mejorarán los márgenes de las compañías?
Críticas de Bildu a la rebaja fiscal
Bildu ha mostrado su rechazo a la reducción general del IVA sobre la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo hasta el 10% anunciada por Pedro Sánchez, porque considera que la medida no incluye mecanismos que controlen los precios. Según la formación, sin límites o supervisión, la bonificación fiscal podría quedar neutralizada por incrementos comerciales y prácticas especulativas.
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Los representantes de la coalición recuerdan episodios previos —cuando la guerra en Ucrania disparó beneficios de los grandes proveedores— para argumentar que repetir la misma fórmula sería insuficiente. Su lectura es práctica: bajar impuestos no garantiza una reducción equivalente en el recibo final si no hay reglas que atenúen las ganancias extraordinarias.
Lo que Bildu logró incluir
En paralelo a su crítica, Bildu reivindica haber introducido tres medidas de protección social en el texto aprobado por el Consejo de Ministros. Esas propuestas buscan blindar a los colectivos más vulnerables ante posibles subidas de precios.
- Ampliación del bono social eléctrico y térmico: mayor cobertura para hogares en situación de vulnerabilidad.
- Prohibición de cortes de suministro básicos: suspensión temporal de cortes de luz y calefacción para consumidores en riesgo.
- Mecanismo de ayuda para la industria electrointensiva: apoyo específico para empresas con alto consumo energético.
Estas medidas, sostienen en Bildu, evitan algunos efectos más directos de la crisis, pero no suponen una respuesta completa a la pérdida de poder adquisitivo ni a la presión sobre la industria. Por eso la formación advierte que seguirá negociando cambios adicionales en el paquete normativo.
Demandas pendientes y prioridades
Más allá de las tres incorporaciones, Bildu exige pasos adicionales para un reparto más equitativo de los costes de la crisis. Entre sus reclamaciones figuran la prórroga de contratos de alquiler, medidas sobre las cuotas hipotecarias variables y el establecimiento de límites a los precios y los beneficios empresariales.
Además, la coalición subraya la necesidad de una política industrial que proteja la actividad productiva, una aceleración de la transición hacia energías renovables y una fiscalidad que obligue a las grandes compañías a financiar parte de las medidas sociales. En su diagnóstico, esas acciones son las que garantizarían un verdadero “escudo social” para los sectores más afectados.
En términos prácticos para los ciudadanos, la disputa marca dos efectos inmediatos: la reducción del IVA puede aliviar la presión sobre los recibos a corto plazo, pero la ausencia de controles sobre márgenes empresariales deja abierta la posibilidad de que el ahorro percibido sea menor del esperado. La negociación política en las próximas semanas decidirá si las protecciones sociales incluidas se amplían o si el paquete mantiene su enfoque puramente fiscal.
