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La Audiencia Nacional ha denegado la solicitud del PSOE para que los dos acusados clave del llamado caso Kitchen ingresen en prisión provisional durante la celebración del juicio, decisión que mantiene sin cambios la situación procesal mientras prosigue la vista oral y que puede condicionar la percepción pública sobre el avance del procedimiento.
El tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, concluyó que no existe evidencia suficiente de un riesgo de fuga que justifique limitar la libertad de los procesados, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el comisario Andrés Gómez Gordo.
Motivos de la resolución
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En su auto, los magistrados subrayan que ambos acusados han acudido a las citaciones del tribunal desde el inicio de la vista y no han mostrado conductas orientadas a eludir el proceso. Esa constancia de comparecencias fue determinante para descartar la medida cautelar solicitada por el partido que ejerce la acusación popular.
La Sala además respaldó el criterio de la Fiscalía, que se había opuesto a imponer medidas privativas de libertad atendiendo al estado procesal en que se encuentra la causa.
Qué alegó el PSOE
Los socialistas pidieron el encarcelamiento provisional alegando riesgo de fuga y para garantizar la presencia de los implicados durante el juicio, así como la ejecución de una posible condena. También plantearon que no se había acreditado o facilitado información sobre la capacidad económica de los procesados, lo que, a su juicio, difícilmente permitiría valorar garantías de cumplimiento.
- Audiencia Nacional: rechazó la petición por ausencia de indicios de ocultación o abandono del proceso.
- Fiscalía: se opuso a medidas cautelares que privaran de libertad a los acusados.
- PSOE: mantuvo el argumento de riesgo de fuga y de insuficiente investigación sobre recursos económicos.
La decisión tiene efectos prácticos inmediatos: los dos encausados seguirán en libertad durante la celebración del juicio, lo que permite la continuidad de las sesiones sin la necesidad de adoptar medidas extraordinarias de custodia.
Para el desarrollo del proceso esto significa que la vista oral continuará con el calendario previsto, aunque la parte acusadora aún puede recurrir la resolución o plantear otras medidas si surgen nuevos elementos que alteren la valoración del riesgo.
El asunto forma parte de la investigación conocida como Operación Kitchen, vinculada a supuestas irregularidades y conductas ilícitas relacionadas con el Ministerio del Interior. La resolución adoptada hoy no resuelve las cuestiones de fondo del procedimiento, que seguirán decididas por las pruebas y deliberaciones que se celebren en el plenario.
En los próximos días será relevante vigilar posibles recursos y la evolución del juicio, así como si el tribunal incorpora nuevas diligencias que modifiquen la situación procesal de los acusados.
