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Un juzgado de Tarragona mantiene el caso contra Cristóbal Montoro y otros investigados y ha decidido no transferir la causa a Madrid, mientras convoca a ocho personas por supuestas maniobras que habrían beneficiado a grupos de gases industriales. Las citaciones, programadas entre esta semana y mayo, marcan la nueva fase de una investigación que puede tener efectos legales y regulatorios inmediatos.
Por qué el tribunal retiene la causa
El titular del juzgado instructor concluyó que existen actos investigados que se cometieron en la demarcación de Tarragona, por lo que esa sede es la adecuada para proseguir las diligencias. Así lo recoge una resolución judicial a la que ha tenido acceso Europa Press.
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La decisión desestima la petición de varias defensas que reclamaban la remisión del procedimiento a los juzgados madrileños, alegando falta de competencia territorial. El juez, en su auto, subraya que la conexión de hechos con Tarragona justifica la continuidad allí de la investigación.
Calendario de comparecencias
El magistrado ha fijado fechas concretas para las primeras declaraciones. Algunas comparecencias se celebrarán en los próximos días, por lo que el calendario condiciona el ritmo del caso.
- 30 de abril: declaración de Rubén Folgado (director técnico de Messer) y Karl Hauck (director general de Messer).
- 8 de mayo: comparecencia de Patrick Emmanuel Marcel y Teresa Rasero, directivos de Air Liquide.
- 8 y 12 de mayo: citaciones para Jorge Pedrazuela, Eduardo Gil, Carlos Romero y Jacobina Escamez (horarios específicos fijados en la providencia judicial).
Delitos que se investigan
La causa examina si hubo un diseño de normas o modificaciones legales que favorecieron en exclusiva a empresas del sector de gases industriales, clientes del despacho Equipo Económico, fundado por Cristóbal Montoro antes de su etapa en el Gobierno.
Entre los hechos atribuidos a personas físicas y jurídicas figuran presuntas conductas como cohecho, fraude contra la Administración, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en las transacciones comerciales y falsedad documental. El instructor apunta a la posibilidad de reformas “ad hoc” —es decir, diseñadas a medida— que habrían favorecido al sector gasístico frente a otros sectores.
Qué significa esto ahora
Si la investigación confirma un vínculo entre decisiones normativas y beneficios privados, las consecuencias podrían ser múltiples: procesos penales para los implicados, revisión de normas afectadas y un posible impacto reputacional para las empresas y el despacho implicados.
Asimismo, el caso abre un debate sobre la gestión de conflictos de interés entre cargos públicos y asesorías privadas —un asunto con implicaciones para la transparencia en la elaboración de políticas— sin que, de momento, conste resolución definitiva sobre responsabilidad penal.
Resumen rápido
- Situación actual: Juzgado de Tarragona mantiene la competencia del procedimiento.
- Actores clave: Cristóbal Montoro (investigado), Equipo Económico (despacho fundador por Montoro), varias empresas del sector gases y altos directivos.
- Fechas relevantes: audiencias entre el 30 de abril y el 12 de mayo.
- Posibles consecuencias: causas penales, revisión normativa y preguntas sobre transparencia administrativa.
Las próximas comparecencias marcarán el ritmo procesal. Fuentes judiciales y las propias diligencias aportarán más detalles conforme avance la instrucción.
