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El Senado rechazó este lunes una propuesta de ERC que calificaba como un gesto de desprecio la destrucción de una fotografía histórica durante un pleno del Parlamento de Baleares, un episodio que vuelve a poner sobre la mesa la aplicación de las leyes de memoria y la protección simbólica de las víctimas del franquismo. La votación abre de nuevo el debate sobre cómo y quién debe supervisar el cumplimiento de la Memoria Democrática en las instituciones públicas.
La iniciativa, no vinculante, pedía al Gobierno medidas para reforzar la vigencia de la normativa estatal en todas las administraciones, y urgía a actuar contra conductas que, según ERC, alimentan la hostilidad hacia las víctimas del régimen franquista.
Los hechos a los que se refiere la moción ocurrieron el 18 de junio de 2024, cuando el presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne (Vox), rompió en pleno una fotografía de Aurora Picornell, una víctima de la Guerra Civil. Para los republicanos, esa acción constituye una violación grave de los principios democráticos y de los derechos humanos recogidos en la ley.
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Qué pedía la moción
Además de la condena expresa del gesto, el texto proponía varias medidas institucionales para garantizar respeto y reparación:
- Refuerzo del cumplimiento de la legislación de Memoria Democrática en todas las administraciones, con vigilancia especial en las comunidades que intenten modificarla.
- Creación de una comisión de investigación sobre incidentes semejantes en entornos públicos.
- Establecimiento de mecanismos de control para evitar actuaciones contrarias a los estándares de dignidad institucional.
- Impulso de políticas públicas destinadas a combatir la intolerancia y fomentar la convivencia democrática.
ERC defendió que actos como la destrucción de la imagen suponen un agravio para las víctimas y un retroceso en el reconocimiento de la memoria histórica. La formación subrayó el simbolismo del episodio y la necesidad de respuestas institucionales claras.
La enmienda del PSOE y la posición del Gobierno
El grupo socialista presentó una enmienda que suaviza parte de la iniciativa: reconoce el trabajo del Ejecutivo en materia de memoria y elimina el punto que planteaba una comisión de investigación. Los socialistas argumentaron que la creación de ese tipo de comisiones excede las competencias del Gobierno cuando los hechos se producen en parlamentos autonómicos.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya había expresado en la comisión su rechazo a la acción de Le Senne, según recordaron los socialistas durante el debate.
El cambio introducido por el PSOE fue decisivo para que la iniciativa no prosperara en la Comisión Constitucional del Senado.
En su intervención, el grupo del Partido Popular reconoció que la escena en el Parlamento balear fue impropia y lamentable, pero rechazó que exista un problema estructural de desdén institucional hacia las víctimas. Los ‘populares’ defendieron que en los últimos años se han aprobado normas de reconocimiento con amplio consenso y rechazaron plantear la conducta como indicativa de un fenómeno generalizado.
Al concluir, el PP recordó que cualquier responsabilidad por los hechos corresponde al ámbito judicial: según su posición, Gabriel Le Senne deberá responder ante la justicia por lo sucedido, no ante la Cámara alta.
El episodio reaviva preguntas sobre la eficacia de los instrumentos legales para proteger la memoria histórica y sobre qué mecanismos deben activar las instituciones cuando se producen ofensas públicas a símbolos y víctimas. Para cada parte, el caso tiene implicaciones distintas: para ERC, una llamada a endurecer controles; para PSOE y PP, una alerta sobre límites competenciales y sobre la vía judicial como respuesta.
