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Madrid, 6 de julio — Vox exigió la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comisión de Interior del Congreso tras la imputación de la directora de la Guardia Civil y de su segundo al mando. La solicitud subraya la preocupación sobre posibles interferencias en las pesquisas policiales y plantea interrogantes inmediatos sobre el funcionamiento del cuerpo.
El partido registró formalmente la petición para que Grande-Marlaska comparezca y aclare los motivos por los que la directora, Mercedes González, y el director adjunto operativo, Manuel Llamas, figuran como investigados en el denominado caso Leire Díez.
Qué sucedió
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Según la acusación, ambos están relacionados con presuntos delitos de prevaricación y de obstrucción a la Justicia. La causa investiga si se intentó frenar actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre supuestas irregularidades vinculadas al PSOE y a personas del entorno del presidente Pedro Sánchez.
La imputación se produjo el pasado jueves, lo que ha precipitado la reacción parlamentaria y reabierto el debate sobre la independencia de las investigaciones policiales frente a posibles injerencias políticas.
Demandas de Vox al Gobierno
Además de pedir la comparecencia del titular de Interior, Vox ha presentado un paquete de preguntas dirigidas al Ejecutivo. En él reclama explicaciones y medidas concretas sobre la permanencia en sus cargos de los dos mandos afectados.
- Por qué no se ha procedido al cese de la directora y del DAO.
- Qué acciones piensa adoptar el Gobierno para garantizar la independencia de la UCO.
- Por qué, según Vox, se negó en un primer momento la existencia de encuentros entre Mercedes González y Leire Díez.
El grupo parlamentario busca además documentación y respuestas por escrito que permitan conocer los pasos internos seguidos desde la detección de las supuestas irregularidades.
Implicaciones y próximos pasos
La petición de comparecencia pone el foco en la responsabilidad política sobre el control de las fuerzas de seguridad y en la transparencia en la relación entre mandos policiales y actores externos.
Por ahora, la causa judicial sigue su curso. En el ámbito parlamentario, corresponde a la mesa de la Comisión de Interior decidir si admite la comparecencia solicitada y en qué plazo se celebraría.
La evolución del caso repercutirá en la confianza pública hacia la Guardia Civil y en la dinámica política entre los distintos grupos del Congreso, que observan con atención las explicaciones que ofrezca el Ejecutivo.
