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El Gobierno reconoce un incremento sostenido de las armas blancas registradas desde 2019: un aumento cercano al 52% que sitúa el total en 21.534 en 2025, un dato que reabre el debate sobre control, prevención y respuesta policial en espacios públicos. La cifra, facilitada en una respuesta parlamentaria, obliga a evaluar qué medidas normativas y operativas urgen hoy.
Según el Ministerio del Interior, la categoría dedicada a las armas blancas en el Registro Nacional de Armas empezó a funcionar en 2019 y desde entonces muestra una trayectoria ascendente. El Ejecutivo ofreció estos datos tras una petición de EH Bildu que solicitaba, además, información sobre incautaciones, sanciones y víctimas.
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Evolución numérica y límites de las estadísticas
Los registros públicos confirman la progresión anual de las inscripciones: partiendo de alrededor de 15.140 en 2019, el stock declarado asciende hasta 21.534 en 2025. El Ministerio aporta cifras intermedias que ilustran la tendencia: 15.464 en 2020, 17.404 en 2022 y 19.382 en 2023.
No obstante, Interior advierte de una limitación importante: ni el Sistema Estadístico de Criminalidad ni el propio registro permiten extraer de forma sistematizada datos clave solicitados por los grupos parlamentarios, como la edad de quienes portan estas armas o el número de personas heridas o fallecidas asociadas a su uso.
- 2019: inicio de la categoría específica en el Registro (≈15.140).
- 2020–2023: crecimiento sostenido; datos intermedios muestran progresión año a año.
- 2025: último dato consolidado: 21.534 armas blancas registradas.
- Limitaciones estadísticas: ausencia de datos desagregados sobre edad y víctimas.
Marco legal y respuesta política
El actual diseño del Registro responde al cambio normativo introducido por el Real Decreto 726/2020, que modificó el Reglamento de Armas con el objetivo de mejorar la identificación y trazabilidad de armas, municiones y autorizaciones. Aun así, autoridades autonómicas y partidos parlamentarios consideran insuficiente el marco vigente para afrontar el aumento observado.
En el Congreso, el ministro Fernando Grande‑Marlaska se comprometió a impulsar medidas complementarias «a la mayor brevedad» para reducir la presencia de armas blancas en entornos de ocio y transporte público, apelando a la coordinación con las comunidades autónomas y a acuerdos bilaterales recientes con el País Vasco.
Marlaska citó la necesidad de clarificar la interpretación del Reglamento de Armas y de la Ley de Seguridad Ciudadana para facilitar la actuación de operadores jurídicos y policiales, así como de mejorar la eficacia del Registro General de Infracciones en materia de seguridad ciudadana.
El Gobierno vasco y el PNV han exigido medidas más concretas: entre las propuestas figura la prohibición total del porte de armas blancas en zonas de ocio nocturno, medios de transporte y espacios festivos donde se registran aglomeraciones. El consejero de Seguridad del País Vasco solicitó formalmente esta reforma en marzo.
Acciones ya emprendidas y retos operativos
El Ejecutivo recuerda que en 2022 se dictaron instrucciones para reforzar el control y prevenir el uso de armas blancas, y que existen planes policiales contra grupos juveniles violentos donde estos incidentes se concentran con cierta frecuencia.
Sin embargo, la falta de datos desagregados dificulta evaluar la efectividad de las medidas y diseñar políticas preventivas ajustadas a perfiles de riesgo, horarios y lugares concretos. Esa carencia estadística es, según agentes y expertos consultados por los partidos, uno de los principales obstáculos para una respuesta más precisa.
A continuación, los elementos clave que deben resolverse para avanzar:
- Mejorar la capacidad del sistema estadístico para ofrecer datos desagregados (edad, contexto de uso, consecuencias).
- Acordar cambios normativos que permitan una interpretación homogénea del Reglamento y facilitar la actuación policial.
- Coordinar protocolos entre Estado y comunidades autónomas para intervenciones en zonas de ocio, transporte y eventos multitudinarios.
La tendencia al alza en los registros obliga a un doble enfoque: reforzar controles y, al mismo tiempo, diseñar estrategias de prevención y educación ciudadana. Con cifras que siguen creciendo, la discusión pública sobre cómo legislar y operar de forma eficaz y proporcionada permanece abierta.
