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La Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra que ha abierto una investigación fiscal sobre José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno, una noticia que puede alterar el curso del procedimiento penal y las diligencias administrativas en curso. La decisión plantea dudas sobre la posible paralización de inspecciones tributarias y su impacto en los plazos de la Administración.
El juez José Luis Calama ha recibido formalmente de la AEAT la notificación de que se han iniciado «actuaciones de comprobación e investigación inspectora» contra el expresidente del Gobierno, su esposa y sus hijas, así como frente a un empresario vinculado al caso.
Alcance de la investigación tributaria
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Según la comunicación remitida al juzgado, la actuación de la Agencia Tributaria abarca ejercicios entre 2021 y 2024 e incluye tanto a personas físicas como a varias sociedades relacionadas con la familia del exmandatario.
- Personas afectadas: José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura Rodríguez, y el empresario Julio Martínez Martínez.
- Entidades investigadas: entre otras, la sociedad What The Fav, vinculada a las hijas del expresidente.
- Impuestos bajo examen: Impuesto sobre Sociedades, IVA, IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal sobre la Solidaridad de las Grandes Fortunas.
- Periodo temporal: ejercicios fiscales 2021–2024.
El magistrado ha acordado incorporar estas diligencias al procedimiento penal y ha remitido la documentación al Ministerio Fiscal para que emita el informe que corresponda.
Riesgo de duplicidad y petición de paralización
La AEAT advierte en su escrito de una posible prejudicialidad penal: dado que las averiguaciones administrativas podrían coincidir con actuaciones judiciales, la Agencia entiende que existen motivos para suspender las inspecciones tributarias mientras avance la investigación penal.
La paralización, subraya Hacienda, no es automática: dependería de una orden judicial que ordene la suspensión. Además, recuerda que esa suspensión interrumpe los plazos de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda mediante la liquidación correspondiente.
Entre los argumentos que expone la Agencia figuran razones de economía procesal y de eficacia investigadora: evitar que los mismos hechos se analicen en paralelo en vías distintas y prevenir conclusiones contradictorias entre lo administrativo y lo penal. También cita el riesgo de un uso ineficiente de recursos públicos si ambas investigaciones avanzan de forma simultánea.
¿Qué pide la AEAT al juez?
La Agencia solicita al instructor que, si lo considera procedente, ordene la paralización de los procedimientos inspectores abiertos contra los obligados tributarios señalados. La petición busca concentrar la investigación en el ámbito penal y evitar duplicidades que, según Hacienda, podrían perjudicar el resultado final de las pesquisas.
Hacienda, personada como perjudicada en la pieza de las joyas
En paralelo, el juez Calama ha aceptado la personación de la Agencia Tributaria —representada por la Abogacía del Estado— como parte perjudicada en la pieza separada donde se investigan las joyas intervenidas en el despacho del expresidente. La tasación preliminar sitúa su valor en torno a 1,3 millones de euros.
El auto del magistrado apunta a que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de contrabando, lo que conecta directamente con un posible perjuicio patrimonial relacionado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT.
Por ese motivo, Calama considera que la Agencia estaría legitimada para ejercer las acciones penales y civiles que procedan en defensa de los intereses públicos presuntamente afectados.
Qué implica esto para el proceso
En la práctica, la combinación de la investigación tributaria y la personación de Hacienda puede modificar los plazos y el desarrollo de la causa:
- Si el juzgado acuerda la suspensión de las inspecciones administrativas, algunas diligencias se trasladarían exclusivamente al ámbito penal.
- La interrupción de los plazos de prescripción complicaría la estrategia de actuación tanto para la Administración como para la defensa.
- La personación de la AEAT abre la puerta a que el Estado reclame responsabilidades patrimoniales en el marco del proceso.
El caso sigue en evolución: la Fiscalía deberá informar sobre la documentación remitida por el juez y cualquier decisión sobre la paralización de las actuaciones administrativas dependerá de próximos autos judiciales. Estas resoluciones serán determinantes para definir si las pesquisas se centralizan en la vía penal o si algunas actuaciones administrativas continúan en paralelo.
