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El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigada a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, por su presunta implicación en las contrataciones irregulares detectadas en la sentencia contra el exministro. La declaración está fijada para el 20 de julio y se enmarca en una pieza en la que también figuran otros tres imputados ligados a contratos en empresas públicas.
La citación y los imputados
La decisión del juez se produjo tras una petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que existen indicios suficientes para investigar a Rodríguez junto a Joseba García —hermano del exasesor Koldo García— e Ignacio Zaldívar, antiguo directivo de Adif.
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El caso procede de las conclusiones de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Ábalos y, según la Fiscalía, aporta datos que apuntan a la participación de estas personas en la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
Qué se investiga y por qué importa
Anticorrupción atribuye a los tres investigados supuestos delitos de malversación y de tráfico de influencias. El fiscal sostiene que Rodríguez fue la principal beneficiaria de un plan que permitía percibir salarios sin realizar trabajo efectivo, lo que supone un uso indebido de fondos públicos.
Este proceso tiene repercusiones prácticas: si prosperan las imputaciones, podría ampliarse la investigación sobre prácticas de contratación en empresas públicas y sobre la intervención de cargos políticos en esos procesos. La cita del 20 de julio será, por tanto, un punto clave para determinar si se formalizan cargos penales adicionales.
Hechos relevantes
- Fechas y citación: declaración prevista para el 20 de julio ante la Audiencia Nacional.
- Personas investigadas: Jéssica Rodríguez, Joseba García e Ignacio Zaldívar.
- Empresas implicadas: Ineco y Tragsatec, vinculadas a proyectos públicos.
- Delitos atribuidos: malversación y tráfico de influencias, según la Fiscalía.
- Retribuciones percibidas: la investigación atribuye a Rodríguez pagos procedentes de ambas empresas, por importes que suman más de 43.000 euros.
En su escrito, la Fiscalía remarca que la sentencia del Supremo describe que Rodríguez no desempeñó tareas reales en las compañías que la contrataron; incluso, el propio fallo habría señalado que el diseño del plan criminal contemplaba que ella no trabajara pero sí cobrara. Ese aspecto es central para la acusación.
Cómo se habría articulado el esquema
Según la Fiscalía, las comunicaciones internas y las instrucciones que habrían impartido los implicados buscaban eludir controles: se habrían dado pautas para que Rodríguez remitiera partes de trabajo con datos facilitados por terceros y para que respondiera a dudas de supervisores alegando que trabajaba para otra persona.
Además, la investigación recoge gestiones de Zaldívar encaminadas a facilitar la contratación en Tragsatec sin entrevista previa y las llamadas que, siempre según la Fiscalía, habrían intentado frenar las indagaciones de responsables de Ineco.
La pieza suma además los testimonios que aparecieron durante el juicio por la causa principal: la ex pareja del exministro declaró ante el Tribunal Supremo sobre sus percepciones salariales y los viajes que realizó en el periodo en que estaba contratada por estas empresas.
Consecuencias prácticas
Si el juez eleva la causa, las posibles consecuencias pueden ir desde la ampliación de la instrucción a nuevos delitos hasta la apertura de un juicio oral para los investigados. Para la agenda pública, el caso vuelve a poner sobre la mesa preguntas sobre la transparencia en la gestión de personal en empresas públicas y la responsabilidad de los cargos que intervienen en esos procesos.
La comparecencia del 20 de julio será, en ese sentido, un paso que puede aportar más detalles sobre el papel real de cada implicado y sobre cómo se habrían canalizado los pagos ahora objeto de examen judicial.
