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La Fiscalía General del Estado, liderada por Teresa Peramato, ha publicado un decreto dirigido a los fiscales para blindar la atención a los menores extranjeros no acompañados frente a situaciones excepcionales de migración. La instrucción responde a tensiones recientes entre comunidades autónomas y el Gobierno central y busca garantizar de forma inmediata la protección de estos niños.
Qué pide el decreto
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El texto obliga a los fiscales delegados de menores —tanto en las zonas de origen como en las de destino— a activar medidas para asegurar el bienestar de los menores cuando se produzca una reubicación ligada a una situación de contingencia migratoria extraordinaria. El objetivo principal es que las administraciones autonómicas ofrezcan acogida adecuada y no demoren las actuaciones necesarias.
La Fiscalía ordena que, en cuanto la sección de menores del destino tenga conocimiento de un posible traslado desde una comunidad afectada, se adopten las actuaciones pertinentes para coordinar la recepción y supervisar su ejecución. Si existen dudas sobre la capacidad de la comunidad para atender a los chicos, el fiscal debe interceder.
Protocolo cuando hay rechazo o retrasos
En los casos en que la comunidad receptora rehúse asumir o demore la admisión efectiva de los menores, el fiscal del lugar de origen debe remitir al fiscal del destino la resolución de reubicación y cualquier alegación que justifique el rechazo. A partir de esa información, el fiscal delegado de menores en el destino está obligado a requerir, con carácter urgente, a la entidad pública competente para que designe el recurso más apropiado.
El decreto subraya que la intervención fiscal incluye tanto la supervisión administrativa como el control de la protección que finalmente se preste a los menores. La comunicación entre fiscalías y con las consejerías autonómicas debe completarse antes del traslado previsto.
Medidas principales (resumen)
- Notificación previa entre fiscalías sobre traslados de menores procedentes de zonas en contingencia.
- Requerimiento urgente al organismo autonómico para que designe el recurso de acogida más adecuado.
- Seguimiento y control por la Sección de Menores y reporte al fiscal competente.
- Registro de alegaciones y documentación sobre rechazos o dilaciones en la ejecución de reubicaciones.
La orden no menciona de forma explícita episodios concretos, aunque llega tras la llegada masiva de personas desde Marruecos y las reticencias expresadas por algunas comunidades gobernadas por partidos del bloque conservador. Esa coyuntura ha tensionado la asignación de menores y acelerado la intervención del Ministerio Público.
Consecuencias y seguimiento
Para las administraciones autonómicas, el decreto implica una obligación legal de asegurar la atención inmediata y la protección de los menores; para los fiscales, supone un mandato claro de vigilancia y actuación preventiva. Si las autoridades regionales incumplen, la Fiscalía podrá impulsar medidas para garantizar los derechos de los niños.
En los próximos días, los fiscales delegados deberán intensificar la coordinación con los servicios sociales y las consejerías de las comunidades de destino. La evolución del conflicto entre competencias autonómicas y responsabilidades estatales marcará si la medida reduce las disputas o deriva en nuevos recursos administrativos.
