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La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró este martes que decretar un confinamiento en Ceuta por la llegada masiva de personas migrantes no está justificado desde el punto de vista sanitario y podría incluso empeorar la situación. Su mensaje, dirigido además al líder del PP, llega en un momento en que la reacción política busca medidas urgentes ante riesgos de salud pública percibidos por parte de la oposición.
La controversia arrancó tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que pidió al presidente del Gobierno la imposición de restricciones por el supuesto aumento de enfermedades contagiosas después de la entrada, a finales de julio, de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma. García ha respondido que las decisiones sobre limitaciones de movilidad deben apoyarse en indicios racionales según la ley vigente y en la relación entre la medida y el mecanismo real de transmisión.
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Qué dicen los datos sobre los brotes detectados
La titular de Sanidad detalló el estado actual de las patologías citadas por la oposición y puso las cifras en contexto nacional y local. A continuación, un resumen de los casos y su situación epidemiológica:
- Tuberculosis: Tres casos confirmados en Ceuta; uno ya en tratamiento y no contagioso, otro corresponde a tuberculosis cerebral (no transmisible por vía respiratoria) y el tercero era un diagnóstico en curso en una persona residente antes de los últimos acontecimientos. Desde 2020 la ciudad ha notificado alrededor de 90 casos y España, en su conjunto, unos 20.000.
- Varicela: Tres sospechas registradas: una descartada por pertenecer a otra operación, y dos ingresos en estudio sin vínculo entre sí ni con la población migrante detectada.
- Sarna (escabiosis): Estudios recientes revelan que su frecuencia puede ser mayor de lo estimado donde hay programas activos de detección; entre 2021 y 2023 se notificaron 1.529 brotes con 11.301 casos en España. El control local corre a cargo de las autoridades sanitarias de Ceuta.
- Gastroenteritis / E. coli: De los cerca de 450 casos citados en el debate, los servicios de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta han identificado 55 casos probables de E. coli enteroinvasiva ya controlados, vinculados principalmente al consumo de agua no apta en determinadas zonas.
García insistió en que la detección temprana activa los protocolos habituales: aislamiento de casos confirmados y estudio de contactos conforme a las normas vigentes en todas las comunidades autónomas.
Competencias y respuesta institucional
La ministra recordó que la gestión de la salud pública en Ceuta corresponde al Gobierno de la Ciudad Autónoma, por lo que cualquier declaración de emergencia debería partir del Ejecutivo local. En lugar de pedir medidas restrictivas a nivel nacional, García sugirió que la oposición colabore con los equipos sanitarios locales para reforzar la respuesta sobre el terreno.
En paralelo, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) realizó una evaluación rápida que considera el riesgo de transmisión entre la población migrante como moderado, debido a hacinamiento y limitaciones de acceso a higiene. El riesgo inmediato de enfermedades no transmisibles (p. ej. lesiones del trayecto) se valora como moderado al principio y posteriormente bajo; para la población residente, el impacto esperado se considera bajo.
Medidas prácticas y próximas acciones
García subrayó que lo más urgente es garantizar alojamiento digno, acceso a agua potable, saneamiento y medios de higiene, medidas que, según ella, mitigarán la mayoría de los factores que favorecen brotes. También informó de la coordinación con la Comisión de Salud Pública y anunció una reunión prevista para facilitar la donación de vacunas a la ciudad mientras las autoridades locales gestionan la adquisición de dosis adicionales.
Por último, la ministra pidió al PP que inste al Gobierno de Ceuta a ceder espacios con rapidez para alojar a las personas afectadas y evitar que la respuesta se base en medidas que, en su opinión, apelan más al miedo que a la evidencia científica.
En plena discusión política, los expertos consultados insisten en dos puntos clave: priorizar soluciones logísticas y sanitarias inmediatas y aplicar las herramientas de vigilancia epidemiológica ya disponibles antes de adoptar intervenciones de alto impacto sobre la movilidad de la población.
